La instalación de cámaras de seguridad comenzó en nuestro país con polémicas, pero más vale que nos vayamos acostumbrando, porque cada vez son más los lugares y los motivos por los que se colocan y más que intentar levantar un muro contra una marea que parece ser incontenible, mejor sería darle un cauce y arbitrar las condiciones respecto a su inevitable uso.

En Madrid van a poner ahora cámaras en los semáforos, con sensores que coordinados con el cambio de luces van a permitir detectar y grabar a los vehículos que se saltan la luz roja. Si eso lo colocan en Santa Cruz, donde una cantidad notable de conductores parecen considerar que el color rojo es una mera advertencia para acelerar, iban a tener que montar una oficina especial con la que dar salida a la cantidad de infracciones, especialmente de las motos, sector en el que parece considerarse que las prohibiciones en los semáforos son algo que estorba, pero que no impide seguir.

Tampoco creo que en las oficinas de Tráfico del Ayuntamiento de Santa Cruz y el incompetente concejal encargado del tema, tengan especial interés ni en ese ni en ningún otro asunto relacionado con las infracciones, puesto que basta colocarse en la plaza de Weyler para ver como en cada golpe de semáforo se vulnera la prohibición de giro a la izquierda para vehículos particulares, no ya con impunidad, sino con una mirada despectiva a la señal de circulación que lo señala y, por supuesto, la ausencia de vigilancia municipal. No hace falta cámara. Sólo con estar allí se ve cada pocos minutos.

Por cualquier lugar de la capital se observan autos encima de las aceras o en los pasos de peatones y a policías locales que pasan por allí aparentemente sin percibir algo que se nota tanto como unos objetos de cuatro o cinco metros y una tonelada de peso, colocados en lugares que en otras ciudades con algo más de civismo están reservados a los peatones.

De hecho, hice una observación a un policia local que paseaba por la calle de San José respecto a un coche aparcado tranquilamente en esa zona peatonal, lo miró con displicencia y dijo: "Sí, se está arriesgando a que lo multen". Es decir, la respuesta a la infracción es todo lo más un riesgo y, además, un riesgo del que no hay ganas de hacer pagar por los propios responsables.

Lo curioso es que si bien este mal del incumplimiento de los reglamentos y de las normas mínimas de convivencia está generalizado en Santa Cruz, si uno cuenta el número de protagonistas de los aparcamientos en doble fila, sobre la acera, etcétera, no son tantos. Es decir, que no es que se resuelva el problema de la población o de la mayoría de los ciudadanos, sino que en algunos casos son sólo dos o tres los infractores, pero que bastan para, por ejemplo, obstaculizar una vía de circulación. Y porque unos pocos cientos en total arreglen su problema de aparcar delante de la puerta de a donde quieren ir, toda la población padece de una circulación con obstáculos, lo mismo en las calles que en las aceras, porque a esas personas no se les imponen las leyes que rezan para todos.

Y es que en ciudades como Santa Cruz, la solución quizás no está tanto en las cámaras y en nuevas reglamentaciones, como en el cumplimiento de lo que ya está. Probablemente no hay que hacer más. Sólo con eso ya se daba un paso adelante que iba a cambiar a la capital.