Un directivo del Gobierno de Canarias ha recuperado el viejo proyecto nacionalista contra el libre establecimiento en las Islas de ciudadanos e intereses españoles y comunitarios. El Gobierno de España se ha apresurado a descartar la opción de una reforma constitucional que permita tamaño ataque a la libertad. No cabía esperar otra reacción. Los ciudadanos españoles y comunitarios disfrutamos del derecho a establecernos en cualquier territorio de la Unión.

Esa libertad es uno de los patrimonios cívicos que distingue nuestro bienestar, de otras formas de vida. Cualquiera de nosotros puede afincarse con su familia y su patrimonio allí donde le convenga, dentro del espacio de la Unión Europea. Es un derecho básico y no admite excepciones, como tampoco las admiten el derecho a la vida y a la seguridad, la libertad de expresión o el derecho a la integridad de la propiedad privada.

La idea de limitarlo invocando un supuesto agotamiento de los recursos naturales no va en serio. No es más que un vistoso señuelo electoral que la coalición nacionalista gobernante en Canarias lanza con la finalidad de intentar distraer el interés de los focos que hoy apuntan hacia la grave crisis institucional de la Comunidad Autónoma, provocada por la debilidad y la división de su Gobierno y de la fuerza política que lo sustenta.

En similares circunstancias anteriores, el recurso al radicalismo y la demagogia ha sido el mismo. A finales del anterior mandato autonómico, en medio de los efectos de un fuerte deterioro de su popularidad, el Gobierno fomentó un llamado Pacto por la Inmigración en el que se calificaba como ’godos’ a los peninsulares residentes en esta tierra. El enfoque despertó la indignación de muchos ciudadanos. Las Casas Regionales con sede en Canarias protestaron por un trato peyorativo, indigno de un Gobierno civilizado.

Esta vieja obsesión por la Ley de Residencia y su lenguaje de ’godos’ y extranjeros aqueja al mismo partido político que respaldó en el Congreso de los Diputados la regularización masiva de inmigrantes irregulares aplicada por el Gobierno de la Nación.

No es el único antecedente en el que se ha recurrido al humo para sofocar incendios. Otra idea extravagante y quimérica de distracción fue la de identificar el símbolo oficial de Canarias con la bandera del movimiento terrorista MPAIAC.

No es lo impracticable e ilusorio de estas iniciativas lo que resulta inquietante, sino los efectos que su difusión están empezando a tener en algunas mentalidades y conductas antisociales. La agresión a un grupo de profesores universitarios perpetrada esta misma semana en Santa Cruz de Tenerife, por el simple hecho de que su acento no gustaba a un grupo de violentos, indica que algunos vientos sembrados desde instancias con responsabilidades de gobierno pueden empezar a recoger tempestades. Constituye, felizmente, un hecho aislado, pero nada impide que pueda reproducirse debidamente inseminado por los mensajes políticos delirantes y xenófobos de quienes dirigen esta región.

Limitar el derecho a la libre circulación reconocido por el Artículo 19 de la Constitución no sólo es inviable, sino que la sola intención resulta ofensiva para la tradición tolerante y abierta de esta sociedad. Recuérdese el literal del precepto constitucional: Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asímismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la Ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Las barreras al establecimiento de otros españoles y europeos aún no han sido concretadas por los proponentes de tan insensata iniciativa, dentro de su calculada ambigüedad habitual. Pero el portavoz gubernamental que la ha pregonado ya advierte de que las nuevas aduanas podrían consistir en cupos para trabajar, residir o comprarse una casa en Canarias. Toda esta ocurrencia anticonstitucional descansa en el delirio del agotamiento de los recursos naturales.

Para dar rienda suelta a ese prejuicio se constituyó, precisamente, un Grupo de Trabajo integrado por miembros del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias. Su única reunión data de la fecha de su constitución, el pasado mes de junio de 2005. Otro compromiso del Gobierno socialista abandonado en el cementerio de las promesas rotas. Poca novedad en esto. Lo nuevo es que CC reconozca que no ha servido para nada. Porque fue CC quien se empeñó en constituirlo, es CC socio del PSOE y ha sido CC el primero que lo ha desbordado para plantear sus ocurrencias xenófobas y populistas sobre población fuera del grupo de trabajo.

La deriva radical del "nacionalismo de alquiler", como definió recientemente Antonio Fontán al Grupo canario en el Congreso no debe preocupar por su viabilidad política y social, sino por el posible brote de las semillas de odio que está sembrando. La crisis corporativa de la fuerza gobernante es tan profunda, que sus dirigentes no dudan en echar mano de los prejuicios ni en propagar ideas supersticiosas que pueden despertar peligrosos instintos en una minoría de la población, con tal de ganar tiempo y sortear los perentorios plazos de un cambio de ciclo político, que cada día que pasa resulta más evidente y necesario para esta región.