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La nueva Ley de Montes y la Fiscalía contra delitos ecológicos estará en pocos meses

Cristina Narbona. / DA
EFE
Las Palmas


La ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, informó ayer de que "en pocos meses" se aprobará una nueva Ley de Montes en virtud de la que se creará una Fiscalía especial que tendrá como objetivo luchar contra los delitos ecológicos y urbanísticos.

Tras renovar con el Gobierno canario el Convenio de Costas suscrito en 1998 entre ambas administraciones, Narbona explicó que ésta es una de las acciones que impulsa el Ministerio para mejorar el nivel de cumplimiento de las leyes medioambientales por parte de España.

Sobre esta nueva Fiscalía, incluida en la reforma de la citada ley, que tramita el Congreso de los Diputados y pasará pronto al Senado, Narbona dijo que su puesta en funcionamiento "significará fortalecer la administración de la Justicia en estas materias para que haya mucha menos tolerancia de la que hay en estos momentos hacia los incumplimientos de normas ambientales, que pueden afectar a las instituciones públicas o a las empresas privadas".

Añadió que el departamento que dirige está culminando la elaboración de un proyecto de ley sobre responsabilidad por daños ambientales que supondrá "la exigencia de garantías financieras a todas las empresas potencialmente contaminantes para que contaminar no les salga gratis".

La ministra de Medio Ambiente destacó también que el Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que regula los derechos de los ciudadanos al acceso a "la información en materia ambiental y a la participación efectiva en la toma de decisiones" en este ámbito.

"Ese texto, cuya tramitación se está iniciando en el Parlamento, vendrá a reforzar la capacidad de cada ciudadano de exigir a los poderes públicos que cumplan con las normas ambientales", dijo.


Menos quejas

En cualquier caso, la ministra aseguró que España ha reducido últimamente el número de quejas que estaban abiertas ante la Comisión Europea por incumplimientos de la legislación ambiental.

Este objetivo, consideró la responsable del departamento de Medio Ambiente, "implica una tarea de concertación entre el Gobierno y las distintas administraciones aunque también es verdad que hay quejas que tienen que ver con incumplimientos de la administración general del Estado".
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