Es evidente que los temores a algunos aspectos del desarrollo autonómico son algo que afecta de una manera relevante en la política española, no sólo por lo que sucede en comunidades más o menos conflictivas, sino por los "efectos rebote" que se producen en otros lugares como Canarias, en asuntos que deberían ser exclusivamente de la propia comunidad y planteados en sus propios términos locales.

Eso parece suceder con la llamada Policía Autonómica canaria, que es vista desde algunos estamentos oficiales de Madrid con unos recelos y unas prevenciones que resultan exageradas y que no se comprenden salvo que se vea en esa policía canaria el germen de no se sabe muy bien qué planteamiento segregacionista o disgregador. Sólo desde unos sentimientos así se comprenden algunas posturas poco pertinentes y que no vienen a cuento.

El Gobierno de Canarias ha tenido que reiterar en estos días algo que nunca debía hacer falta decir, el que la futura policía autonómica canaria será complementaria a las fuerzas de seguridad del Estado presentes actualmente en el archipiélago y que no pretende sustituirlas, como aventuró el ministro del Interior en su reciente visita a las islas.

Hay unos modelos de policías autonómicas en Euskadi, Cataluña y Navarra, con sus distintas variantes de independencia de actuación, y otros en Andalucía, Galicia y Valencia, con esquemas basados en la propia Policía Nacional. Hay posibilidades para ser y actuar de la manera más adecuada a cada territorio, sin que las cosas haya que sacarlas de su adecuado contexto y crear un escándalo donde no lo hay.

La futura Policía Canaria será lo que los ciudadanos queramos que sea, de acuerdo con un estudio de funciones y de reparto de tareas, con vistas a la mayor eficacia en resolver los problemas de seguridad, orden público, etcétera, que demanda la sociedad de las Islas. Decir esto es esencialmente democrático y no es nada para rasgarse las vestiduras.

Por el momento no se tiene siquiera ese documento que sirva de base a una discusión trascendente y la Comunidad Autónoma no ha definido todavía el modelo de policía propia que desea, pero siempre se ha referido a un cuerpo "complementario a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", como dijo el Gobierno canario en su día y no sustituyendo, solapando o chocando funciones.

La profesionalidad, el compromiso y la solvencia de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil nadie puede ponerlos en duda y de hecho ni siquiera se discute lo más mínimo respecto a ellas, pero también hay aspectos de organización, de actuación o de desarrollo que competen al ámbito político y que son claramente legítimos de plantear y de discutir.

Ya se ha dicho antes, mal se pueden cuestionar si las fuerzas de seguridad del Estado se marchan o se quedan, porque, en realidad, desde todos los niveles lo que se viene reclamando no es que se vayan, sino lo contrario, que aumenten su presencia, que sus miembros duren más tiempo en sus puestos en las Islas y que tengan más medios materiales y humanos con el fin de reducir la inseguridad.