Natalia Torres
Santa Cruz


El caso del catedrático Enrique Meléndez Hevia y la suspensión de su actividad ha entrado en un compás de espera. Desde la Consejería de Sanidad se informa que no hay novedades sobre el asunto y que se está esperando que un juez resuelva si se cumple la orden del Servicio Canario de Salud. Un proceso que no se puede prever cuanto tiempo puede tardar puesto que la decisión final se obtendrá cuando se agote la vía administrativa.

Un caso que ha hecho que numerosas asociaciones e instituciones públicas se manifiesten al respecto, la mayoría apoyando la decisión tomada por la Consejería. Ese es el caso de la Unión de Consumidores de España (UCE).

Desde UCE y a través de su portavoz en Tenerife, Raúl Alonso, en el caso de Enrique Meléndez Hevia, "la Consejería de Sanidad está haciendo lo que debe hacer y desde nuestra asociación estamos totalmente de acuerdo".

Según explica Raúl Alonso, "no se trata de que los productos distribuidos por Meléndez sean buenos o malos, sino de que un producto no salga a la calle con todos los registros necesarios".

Desde UCE está claro que "Meléndez, como todo el mundo, tiene que cumplir la ley, una ley que afecta a sus productos, a la industria que los fabrica, a quienes los etiquetan, etcétera".

"Y aunque no sean productos farmacéuticos, continuó Alonso, también deben pasar una serie de registros como lo hace cualquier otro material como puede ser algo tan sencillo como la mayonesa".

Para la UCE, la Consejería de Sanidad tenía que haber intervenido desde el primer momento, "ya sea Meléndez o el Papa". Además, según explicó Alonso, "estamos en un Estado de Derecho y el señor Meléndez tiene todos las herramientas a su alcance para defender su proyecto de la forma que estime oportuna".

Desde otra de las asociaciones de consumidores con presencia en Tenerife, la Asociación General de Consumidores (Asgeco), en palabras de su portavoz, Vicente Stinga, en una rueda de prensa celebrada días atrás, dijo que "es evidente que no se puede vender un producto como nutriente sólo para saltarse los registros. No es correcto y sobre este caso existe una falta de información absoluta".

A los consumidores se une la Federación de Farmacéuticos de Canarias, que aunque no ha querido manifestarse públicamente sobre el caso de Meléndez, sí que manifiestan su malestar por el hecho de que se insinúe que son los farmacéuticos quienes han presionado para que se continuara con la investigación y apertura de expediente a Meléndez.

Su presidente, Manuel Díaz, en unas recientes declaraciones, dijo que "este caso está en las manos adecuadas: en las de la Administración Sanitaria y las del Juzgado". Añadió que "si se trata de componentes nutricionales, no se le pueden atribuir actividad terapéutica alguna y no se puede tratar a enfermos con un complemento dietético".

Los últimos en unirse a la petición de que Meléndez aclare legalmente su situación, según una información publicada en la edición digital del periódico La Opinión, son más de 50 profesores universitarios e investigadores.

Estos profesionales han firmado un manifiesto en el que expresan su oposición a los métodos utilizados por Meléndez. Expresan entre otras cosas que no es posible que existan más de 7.000 cobayas humanos sometidos al arbitrio descontrolado de una persona. Exigen que el Enrique Meléndez difunda información sobre su proyecto para saber si se está ante un descubrimiento real o sólo se trata de una dieta.

En lado opuesto se encuentran los consumidores de los productos de Méléndez, que apoyan incondicionalmente su proyecto.