Vicente Pérez
Santa Cruz


El 20,6% de la población del área metropolitana tinerfeña se encuentra bajo el umbral poco protector de la pobreza, es decir, sobrevive con poco más de 300 euros mensuales, un porcentaje 1,9 puntos superior a la media del Archipiélago. El número de hogares en esta situación asciende al 23,8%, tres punto más que el promedio regional. Estos datos, aportados por el PSOE de Santa Cruz y La Laguna a partir de datos del Instituto Canario de Estadística, justifican que este año el Gobierno canario tenga previsto encargar un estudio valorado en 60.000 euros para conocer las causas de la pobreza en el área metropolitana como paso previo a un plan específico con el que frenar esta lacerante situación social.

La concejal de Servicios Sociales, Maribel Oñate, no pone en duda estos datos, "dada la precariedad del empleo, con los contratos basura, y una distribución injusta de la riqueza" aunque advierte que estos elevados porcentajes no se refieren a un nivel de "pobreza severa", sino a personas que se encuentran "en el límite de la necesidad" y con problemas para llegar a fin de mes, por lo que afirma que las instituciones públicas deben ayudarlas sin demora alguna para que puedan remontar su situación y evitar el riesgo de que caigan en la marginación.

Oñate considera que no son precisos más estudios sobre la pobreza y la marginación en el área metropolitana, pues esta información ya está en poder de las concejalías de los ayuntamientos y de las propias organizaciones humanitarias. "Lo que hace falta es voluntad política y empezar a aplicar medidas de choque cuanto antes, y no gastarse más dinero en estudios" preliminares.

El pasado año, 700 personas recibieron del Ayuntamiento santacrucero una ayuda para alimentos de entre 60 y 120 euros. Pero la edil del PP sostiene que las verdaderas políticas sociales son transversales, es decir, tienen que implicarse todas las concejalías y todas las administraciones públicas, pues las personas más desfavorecidas necesitan no sólo ayudas económicas, sino apoyo psicológico, formación, trabajo, vivienda... "Y está claro que se construyen muchas menos viviendas sociales de las que se necesitan", apostilla, a título de ejemplo. También resulta perentorio, a su juicio, simplificar y coordinar los trámites burocráticos, que a menudo ralentizan la percepción de las ayudas, pese a su urgencia.

Oñate dirige sus dardos a los gobiernos canario y estatal, y exige que las ayudas básicas (también llamadas salario social o renta mínima de inserción) no duren sólo 6 meses, porque en ese tiempo estima imposible lograr que una persona o una familia en situación de riesgo superen sus problemas socioeconómicos. Al respecto dijo no entender por qué no se ha aprobado ya la Ley de Rentas Mínimas anunciada por el Gobierno regional. Asimismo, reivindica una subida de las pensiones no contributivas, pues "con 248 euros al mes nadie puede sobrevivir". Ambas medidas, asegura, bastarían para reducir a la mitad la demanda de servicios sociales en el Ayuntamiento.

El concejal socialista José Ángel Martín observa que los índices de pobreza aumentan de forma preocupante en el área metropolitana, y pone como buena muestra de ello la "saturación" que sufren los servicios de la Cruz Roja y Cáritas, sin que de momento exista "una política decidida" por parte de CC y PP contra esta situación, partidos a los que reprocha "su predilección por las grandes obras faraónicas que consumen grandes inversiones que no son prioritarias, como el tranvía metropolitano".

Martín echó de menos en Santa Cruz una red de guarderías pública, programas de reintegración social y laboral para las prostitutas, más residencias de ancianos, y, aunque no se trate de competencias directamente municipales, programas para los discapacitados. Igualmente denunció, a escala insular, la deficiente atención a las personas sin techo, muchas de las cuales sufren trastornos mentales, y para las que sólo existe un albergue en Tenerife, situado en la capital tinerfeña. Otro punto crítico, según el edil, es la atención a los menores en riesgo, sobre los que detecta "un desinterés absoluto", sin planes educativos y de reintegración y sin centros adecuados ni personal cualificado.

El concejal socialista indicó que el Ayuntamiento ni siquiera predica con el ejemplo, ya que en la oferta de empleo público de 2005 incumplió su obligación legal de reservar un 5%de los puestos para los discapacitados.

Así las cosas, lo cierto es que el alcalde capitalino, Miguel Zerolo, ha anunciado que muy pronto -probablemente tras los carnavales- presentará un plan de servicios sociales, medida que el PSOE ve electoralista, aunque espera que, "como mínimo, tenga la dotación económica adecuada".