Agencias
Las Palmas - Madrid


El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Javier García, decretó ayer el ingreso en prisión del asesor de la concejala de Obras en el Ayuntamiento de Telde por el Partido Popular, Francisco Gordillo, mientras que su hijo y empresario de Cobra, Juan Francisco Gordillo Chamorro, ha quedado en libertad con cargos y sin fianza. Gordillo es el segundo de los imputados en la trama de corrupción desarticulada en el municipio de Telde que ingresa en prisión tras haberlo hecho el miércoles la edila María Antonia Torres. Asimismo, quedó en libertad con cargos y bajo fianza de 60.000 euros Enrique Orts Herrera, interventor del Ayuntamiento de Telde y marido de Torres. Los empresarios Felipe Ojeda Pérez y Antonio Nadal Moreno, quedaron ese mismo día en libertad.

En Madrid, el presidente del PP canario, José Manuel Soria, aseguraba ayer que el líder de los populares no le ha comentado "nada en absoluto" sobre los presuntos casos de corrupción de cargos del partido en el Archipiélago, dado que "esta cuestión no está en modo alguno en la agenda política de la Convención" que celebra el PP en la capital española. En rueda de prensa para presentar las conclusiones del grupo de trabajo España fuerte en una Europa solidaria, Soria fue además interpelado sobre una presunta operación política que hubiera favorecido la detención de la concejal Torres por la trama de corrupción en el caso eólico. Pero el presidente del PP canario recordó que hay una investigación en curso y eludió efectuar "otro tipo de lectura".

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, animó a los ciudadanos a denunciar ante el poder judicial "comportamientos irregulares" de las instituciones como los ocurridos recientemente en Canarias alrededor del concurso eólico y en la presunta trama de corrupción desarticulada en el municipio de Telde. López Aguilar recordó desde Texas que "cobrar comisiones por la adjudicación de obras públicas o convertir la acción económica de las instituciones en un negocio es simplemente un delito y no es aceptable". "De ninguna manera podemos aceptar lo inaceptable y mucho menos normalizarlo", apuntó. Por ello -dijo- "vale la pena poner en conocimiento" de las autoridades competentes aquellos hechos que "puedan ser presuntamente irregulares o constitutivos de delito". De esta manera, se mantendrá la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

También desde Texas, la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, negó la parálisis en las instituciones denunciada por Nueva Canarias como consecuencia de los últimos casos de corrupción que se han dado en las Islas y pidió "no generalizar en la situación ni en la política ni en las instituciones". Según Julios, "afortunadamente vivimos en un país en democracia con responsabilidades para investigar y poder esclarecer" hechos como los ocurridos en el concurso eólico y en el municipio de Telde, por lo que la ciudadanía puede estar "tranquila". Por ello, dijo que no se "paraliza ni la vida de las instituciones ni el ejercicio de la responsabilidad de las personas ni de los funcionarios" que trabajan en ellas. "Tampoco la vida económica y social", insistió. Además, señaló que no es "la primera vez que se han puesto de manifiesto" hechos parecidos en distintas instituciones de todo el Estado, "pero lo importante es que a partir de ahí los ciudadanos tengan confianza y que no se generalice la situación".