Según ha informado el Ministerio del Interior en el Senado, en respuesta a una pregunta del parlamentario canario José Mendoza, ese departamento retiene medio centenar de embarcaciones de distinto porte, desde barcas y veleros a buques de gran tamaño, que han sido decomisadas en el transcurso de operaciones contra el movimiento irregular de inmigrantes o por transporte de drogas.

La situación es compleja, porque dentro de este catálogo de buques hay casos que tienen características singulares. Por ejemplo, el muy famoso en su día el del barco ’Privilege’, retenido por orden del juez Baltasar Garzón, desde el año 2000 porque supuestamente había participado en operaciones de transporte de sustancias estupefacientes desde América Latina a España.

El episodio fue notable porque todo se presentó con gran aparato informativo, pero en realidad nunca se encontró droga en el barco, que incluso fue desguazado casi por completo, por orden de Garzón. El juez se negó en diversas ocasiones, durante los años que tuvo responsabilidad en el expediente, a devolver el buque a su presunto dueño, ya que, dijo, se investigaba si era propiedad de una organización dedicada al narcotráfico. Nada más se ha sabido y hoy el barco sigue en las instalaciones canarias de Astican, no se sabe por cuánto tiempo más.

Al ciudadano común se le generan muchas preguntas con estos episodios. ¿Qué sucede si un juez se equivocó, si la información filtrada no era cierta y, si como sucede con el ’Privilege’, el buque ya ha sido prácticamente desguazado? ¿Se les dice a los dueños un ’perdone usted’, o hay que indemnizarlos? Si es el primer caso, es una notoria injusticia, pero si es el segundo, los miles de millones de euros que vale un barco, ¿quién los paga? ¿Los ciudadanos? Si ha habido un error tan grande, ¿nadie tiene responsabilidad? Y ¿quién paga el coste del 'alquiler’ del espacio que ocupan y que, además, impiden rentarlo a otros?

Ítem más, ¿tendremos que asumir el coste de su hundimiento dentro de unos años, cuando previsiblemente el paso del tiempo los vaya deteriorando hasta hacerlos completamente inservibles hasta como chatarra?

Está claro que las operaciones contra el tráfico de drogas hay que hacerlas y, por supuesto, el decomisar los barcos, pero se diría que si la cosa está tan clara, al menos había que buscarles con más urgencia una utilidad práctica o realizar subastas con rapidez, porque sin duda que todo esto tendrá complicaciones, pero hay algo de ilógica en tener una cincuentena de embarcaciones que así jamás van a zarpar, simplemente esperando a que se pudran por la vía de dejar pasar el tiempo.