ACN Press
Las Palmas


El empresario madrileño Enrique Guzmán, en libertad bajo fianza desde el inicio de la operación Eolo, aseguró ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, que el dinero que ingresó en una cuenta corriente de un banco de Luxemburgo a nombre de la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, Mónica Quintana, fue por una "intermediación" en un asunto inmobiliaro consistente en la compra de unas parcelas para construir unas naves industriales en la isla de Tenerife.

Acompañado de su abogada, Josefina Navarrete, Guzmán comparecía de nuevo ante el juez Parramón después de que el empresario fuese puesto en libertad con cargos y bajo una fianza de 150.000 euros. Al salir de la declaración, Navarrete dejó claro ante los medios de comunicación que "como dijimos y repetimos quinientas veces", lo que hizo su representado fue abonar "una intermediación" por la compra de parcelas industriales en Tenerife.

La abogada explicó que con esta declaración ha concretado ante el juez la operación inmobiliaria que mantuvo con Quintana para la compra de unas parcelas en Tenerife, en el municipio de Granadilla, para la construcción de unas naves para el montaje de una empresa. Así, indicó que por esa operación abonó dos cantidades a Quintana a una cuenta que tenía abierta en el Fortis Bank de Luxemburgo, de cerca de 15.000 euros y de 9.000 euros.

Guzmán, empresario afincado en Madrid, sigue en libertad bajo fianza, señaló Navarrete, que apuntó que se ha sembrado "la alarma injustificadamente" sobre su cliente. Quintana es novia del principal imputado en la trama eólica, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo, que se encuentra en la prisión del Salto del Negro, al igual que su compañera sentimental. El principal acusado en este caso, el ex director general, ha sido imputado por los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y por facilitar información privilegiada, mientras que a su pareja Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

Perdomo y Mónica Quintana son los únicos imputados en esta causa que han ingresado en prisión, ya que el juez también ha puesto en libertad con cargos, y en la mayoría de los casos fianza, a otros cuatro arrestados en la operación Eolo. Se trata de los empresarios Alfredo Briganti Arencibia, Wilebaldo Luis Yánez; el directivo de La Caja de Canarias Jesús González; y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López. Junto al primero, Guzmán fue una de las dos personas detenidas en Madrid. Supuestamente, por las informaciones que han trascendido al secreto de sumario que sigue imperando en el caso, sería uno de los empresarios que habría comprometido pagos para ganar posteriormente el concurso eólico, pese que este nunca llegó a celebrarse. La investigación judicial sobre la trama eólica de Canarias se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo del 2005 que desde Industria se había filtrado información privilegiada del concurso.