EFE
Madrid


El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, apeló ayer a la independencia del Poder Judicial para negarse a informar en el Congreso de la ejecución de las penas a miembros de ETA, lo que motivó las críticas de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, y de la minoría del Consejo.

Apenas una hora antes de la prevista -16:30-, Hernando remitió un fax al Congreso en el que informaba de su decisión de no comparecer, al no haber encontrado "forma alguna de cumplir el objeto de la comparecencia" sin realizar manifestaciones que le están "vedadas" como presidente del Tribunal Supremo.

Pese a ello, el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, abrió la sesión a la hora fijada, dio cuenta de los trámites con los que se había fijado la comparecencia y leyó el escrito de Hernando para levantar la sesión cinco minutos después.

El texto del presidente del CGPJ y del Supremo respondía a otro de la comisión de Justicia en el que se le notificaba que su comparecencia seguía en pie y que se rechazaba su petición de reconsiderarla, a la vez que se le aclaraba que la misma no tenía por objeto analizar "ninguna sentencia", sino colaborar con el Parlamento y recibir información.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial comunicó al Legislativo: "Mi deber constitucional de defensa de la independencia judicial, plasmado en la norma suprema, me impide finalmente, fuera cuál fuese mi deseo personal, comparecer ante la Cámara".

Insistiendo en su tesis de que el Congreso no puede establecer un control parlamentario sobre su actividad más allá de la comparecencia respecto de la memoria anual, Francisco José Hernando espetó que "no existe cauce alguno" para exigir su comparecencia, además del citado.

Alegó que el único deber de comparecencia en el Parlamento que "de modo claro" establece la Constitución se refiere a los miembros del Gobierno, mientras para el resto de autoridades se limita a un deber de "información" y "ayuda".

Tampoco se siente Hernando concernido por la obligación de comparecer que recoge el Reglamento del Congreso, ya que entiende que ésta debe subordinarse al principio de división de poderes y de independencia del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, recordó la obligación de comparecer de todas las autoridades del Estado, y dijo que no ha de interpretarse como ningún acto de "injerencia o control, sino exclusivamente como un acto de colaboración".

Nada más conocerse el plante del presidente del Consejo, los vocales de la minoría progresista del órgano de gobierno de los jueces hicieron público un comunicado en el que pusieron de manifiesto su "absoluto rechazo" a su incomparecencia, que calificaron de "flagrante incumplimiento del deber constitucional que impone a cualquier autoridad el artículo 109 de la Constitución".

Esa actitud no encuentra precedentes de ningún tipo "en nuestra reciente historia democrática", según esos vocales, que sostienen que la obligación de las autoridades de comparecer en el Parlamento "no tiene excepción".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apoya a Hernando y Jueces para la Democracia (JpD) opina que contribuye al desprestigio del Poder Judicial.

Más duras fueron las críticas desde el Parlamento, donde el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, llegó a poner en tela de juicio "el carácter de demócrata" del presidente del CGPJ, "un señor que desprecia al pueblo español".

Ignacio Astarloa, del PP, culpó al Gobierno y al PSOE de haber generado "de forma consciente" un enfrentamiento institucional.

Gaspar Llamazares (IU) habló de "desacato" y "rebeldía".