EFE
Santa Cruz


El presidente del Parlamento de Canarias, Gabriel Mato, exigió ayer al Gobierno regional que llegue a un acuerdo con los propietarios de los inmuebles expropiados para ampliar la institución y que de esta manera impida que la Cámara deba abandonar sus instalaciones.

Gabriel Mato dijo que la decisión judicial que obliga al Parlamento a demoler la parte que ha sido ampliada y restituirla a sus antiguos propietarios plantea una situación "extremadamente grave y crítica" y por ello ha vuelto a expresar su preocupación al presidente del Gobierno canario, Adán Martín. Señaló que se ha puesto en contacto con Adán Martín, a quien volverá a expresar su preocupación, porque como jefe del Ejecutivo regional debe asumir "este reto" y advirtió de que no dejará de hablar "ni un solo día hasta que se llegue a una solución". Añadió que también ha tratado esta cuestión con el portavoz del Gobierno y viceconsejero de Presidencia, Miguel Becerra, mientras que con el de Economía, Javier González Ortiz, designado interlocutor del Ejecutivo en este ámbito, conversó hace un mes y le puso en conocimiento "de las diferencias de criterio" surgidas en esta materia.

El presidente de la Cámara regional subrayó que no es el momento de hacer críticas ni de exigir responsabilidades, aunque consideró que cada uno debe asumir la suya, y la de Mato, añadió, es exigir al Gobierno que llegue a un acuerdo con los propietarios.

Desde que se conoció el fallo judicial el 3 de marzo de 2005 Gabriel Mato ha defendido que la vía extrajudicial era "la única y la mejor" para llegar a un acuerdo y recordó que la actuación del Gobierno regional en este asunto le hizo sentirse "decepcionado". Actualmente, prosiguió, "tengo algo de esperanza" en que se resuelva la situación y en que se evite "el bochorno" de que el Parlamento deba abandonar su sede, aunque aseguró también que este incidente debería haberse resuelto antes "sin duda alguna".

Confió en que el Gobierno canario tenga "todo el interés" en llegar a un acuerdo y subrayó que hay "unos tiempos y unos plazos marcados" que deben cumplirse, con independencia de que el Ejecutivo se plantee un recurso de casación contra la decisión judicial. Mato que "bajo ningún concepto" se debe perder de vista el hecho de que el Parlamento de Canarias debe cumplir sus funciones, y dijo que está dispuesto a hablar con los portavoces de los grupos parlamentarios para acordar lo que se decida hacer en el futuro. "No queda otra opción que negociar con los vecinos y llegar a una solución satisfactoria" y en esta postura lleva "un año", precisó Mato, quien puntualizó que no le corresponde a él decir "las cifras y los términos" del acuerdo. Expresó su deseo de que el acuerdo sea justo y reiteró que "el tiempo corre", sobretodo, porque ha habido "más dilación" en la gestión del asunto de la que le hubiera gustado.