Vicente Pérez
Santa Cruz


La primera ordenanza sobre tenencia de animales en la capital tinerfeña (pendiente de aprobación definitiva por el pleno del Ayuntamiento) incluirá medidas que darán mucho que hablar. Una de ellas será sin duda la prohibición de llevar perros a las playas y los parques públicos, excepto en las zonas que el Ayuntamiento determine mediante carteles indicativos. Infringir esta norma tendrá consideración de falta grave y se penalizará con multas que oscilarán entre 300 y 1.502 euros.

También se castigará con una sanción similar los dueños que permitan que sus canes entren en parques infantiles, medida que se adoptará no sólo por seguridad, sino por salubridad, con el fin de evitar las habituales micciones y deposiciones de estos animales en los lugares donde juegan los infantes. La ordenanza prohibirá igualmente la incívica costumbre de permitir que las mascotas hagan sus necesidades en la vía pública, parques y jardines, y, lo que es peor, no depositarlas luego en el contenedor de basura más próximo. Cuando entren en vigor estas normas, quienes se salten esta prohibición cometerán una falta tipificada como grave. De todos modos, la ordenanza prevé que el Ayuntamiento acote zonas para que los animales puedan cagar, pasear y jugar sin exponer a sus amos a una multa. El régimen sancionador previsto estipula tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves -castigadas con multas de entre 30 y 150 euros- figuran la posesión de perros no censados o no identificados; la tenencia de animales en azoteas, balcones, terrazas, patios interiores, zonas comunes, trasteros, garajes o cualquier otro lugar cuando causen molestias o perturben la vida de los vecinos, o circular por espacios públicos con una mascota sin correa o cordón.

Como falta graves, que comportarán sanciones de entre 150 y 1.502 euros, se considerará mantener los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas, sacrificarlos sin control veterinario, no vacunarlos, su venta no autorizada, o utilizar los animales domésticos o de compañía para la práctica de la mendicidad. También serán faltas graves poseer sin autorización municipal animales susceptibles de causar molestias o peligro en las viviendas particulares, incumplir la orden del uso del bozal en los canes, permitir que beban directamente de las fuentes públicas de agua potable, o introducirlos en establecimientos donde se fabriquen o almacenen alimentos, aún contando con el permiso del propietario del local.

Por último, como faltas muy graves -penalizadas con un mínimo de 1.502 euros y un máximo de 15.025- se incluyen las peleas de perros o de tiro al pichón, maltratar a los animales, organizar peleas de gallos que incumplan la legislación canaria en esta materia, o abandonar a una mascota.

Este proyecto de ordenanza limita a cinco el número de perros y gatos por propietario, salvo que cuente con autorización municipal para rebasar esta cifra. Incluso el Ayuntamiento podrá limitar aún más esta cantidad, en función de las condiciones de alojamiento del animal o de posibles molestias al vecindario. La futura normativa está promovida por el concejal de Educación, Juventud, Sanidad y Calidad Ambiental, Ramón González de Mesa (PP), y el documento al que ha tenido acceso este diario recoge ya las aportaciones de los grupos municipales de la oposición.