Agencias
Santa Cruz - Bruselas


El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y los titulares de las instituciones canarias y de las formaciones políticas parlamentarias firmaron ayer un manifiesto en defensa de la construcción del puerto industrial de Granadilla, por considerar que es una "infraestructura imprescindible" para el Archipiélago. Además del jefe del Ejecutivo canario, el manifiesto fue firmado por el presidente del Parlamento canario, Gabriel Mato; el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el alcalde de Grandilla de Abona, Jaime González. También signaron el documento, el secretario insular del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga; la secretaria insular del PP, Cristina Tavío y el presidente insular de CC, Javier González Ortiz. El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, que también se sumó al acuerdo sobre el puerto, no estuvo presente en el acto de la firma por encontrarse acompañado a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, que se encontraba de visita en Tenerife.

Los firmantes brindan su apoyo al puerto de Granadilla por considerar que es una "infraestructura imprescindible, única alternativa y complementaria al puerto de Santa Cruz, que será también potenciado". Resaltan igualmente la importancia que tendrá el puerto del sur de Tenerife "para la competitividad económica de Canarias, con el estricto cumplimiento de los requisitos y exigencias medioambientales establecidos en los ámbitos europeos, español y canario". Tras el acto de la firma, el presidente canario resaltó que todas la fuerzas políticas parlamentarias han suscrito el manifiesto en defensa del puerto "que cumple los requisitos medioambientales y que es fundamental para el desarrollo de Canarias". "Decimos sí al puerto de Granadilla, sí al futuro, al progreso y al bienestar", señaló Adán Martín al respecto.


Debate en Bruselas

Precisamente, el debate sobre la construcción del puerto de Granadilla se traslada la semana próxima a la capital comunitaria. Defensores y detractores se encontrarán el próximo martes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la cual ha recibido varias quejas en contra de la construcción de esta infraestructura. En este sentido, esta Comisión de la Eurocámara ha recibido tres quejas remitidas por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Plataforma Ciudadana contra el Puerto Industrial de Granadilla y por las organizaciones Ecologistas en Acción, Seo BirdLife y Adena/WWF.

A la audiencia de esta comisión asistirán los representantes de estas asociaciones, Pedro Fernández, Beatriz González y Antonio Rodríguez, respectivamente; así como el viceconsejero de Presidencia del Gobierno canario, Miguel Becerra; el alcalde del municipio, Jaime González Cejas, representantes de los Ministerios españoles de Medio Ambiente y Fomento y miembros de la Comisión Europea, particularmente de las Direcciones Generales de Medio Ambiente, Transporte y Política Regional. También estarán presentes, al menos en principio, los eurodiputados canarios Manuel Medina (PSOE) y Fernando Fernández (PP), así como los miembros de esta comisión de la Eurocámara, entre los que se encuentra el europarlamentario de Los Verdes, David Hammerstein, y los eurodiputados que deseen participar. A ellos se añadirá una delegación del Parlamento canario, encabezada por el presidente, Gabriel Mato.

Las quejas presentadas alegan que la construcción del puerto industrial de Granadilla es incompatible con las normas comunitarias en materia de medio ambiente (directiva Hábitat sobre protección de la naturaleza y flora y fauna silvestres). La respuesta de la Comisión Europea respecto a estas denuncias, transmitida a la Comisión de Peticiones, indica que es necesario evaluar las repercusiones ambientales y que el proyecto final está siendo examinado. Además, el Ejecutivo comunitario afirma que el "proyecto no se beneficia en la actualidad de ninguna cofinanciación comunitaria". No obstante, Bruselas indica que está "examinando actualmente una solicitud de ayuda para el proyecto efectuada por las autoridades españolas". La Dirección General de Medio Ambiente paralizó en enero su proyecto de dictamen favorable a la construcción y que debía ser adoptado poco después por el Colegio de Comisarios.