El Inspector Médico de Educación dictamina que no existen impedimientos para que dé clases
Diario de Avisos
Los Realejos
La representación legal de la profesora de quinto curso A del colegio de infantil y primaria ’Pérez Zamora’, de Los Realejos, acusada de "desequilibrada" por un grupo de padres que se negaron la pasada semana a que sus hijos asistieran a clase hasta que la Consejería tomara medidas, aclara en un comunicado dirigido a este periódico que:
- "En ningún momento se intentó contrastar la información publicada con la profesora aludida, negándole de esta manera el derecho a dar su propia versión de los hechos.
- A raíz de la publicación de este artículo, la profesora es requerida por el inspector médico jefe de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, don Sebastián Sosa Escobio, para que se personara el día 13 de marzo en la Inspección Médica de Educación a efectos de entrevistarse con el mismo. Tras la entrevista, el inspector médico jefe dictamina que no existe indicio alguno de desequilibrio, ni ningún otro problema psicológico que le impida continuar su labor docente.
- En relación a los incidentes relatados respecto de los menores, es absolutamente incierto que la profesora dejase a los niños encerrados solos en el aula; la única verdad es que la cerradura de la puerta se rompió y se quedaron encerrados todos en el aula, profesora y alumnos, hecho que pueden ratificar el conserje del colegio, que abrió la puerta, el director, el subdirector, el profesor de 5º B y el secretario del centro, que se personaron para comprobar lo que estaba ocurriendo. En cuanto a que la profesora atemoriza a los niños relatándoles "cuentos de fantasmas", puntualizar que la lectura que se ha realizado en clase son los cuentos de Hans Christian Andersen, siguiendo con la programación del curso donde se indica que se deben realizar lecturas de cuentos a los alumnos.
- Se le imputa un hecho gravísimo a la profesora en el artículo del día 9: agresiones y vejaciones a una menor. En relación a esta gravísima imputación, la maestra no sólo niega los mismos, ni siquiera sabe a qué menor se refiere, ni ha sido requerida judicialmente como habría sido de esperar en caso de haber sido ciertos los hechos imputados.
- Por último, añadir que nuestra Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia como derecho básico y fundamental. Antes de realizar a la profesora afectada los correspondientes estudios psicológicos para determinar si padecía o no un desequilibrio que afectara negativamente a su trabajo, se recoge en el artículo que la solución puede ser o la sustitución o la jubilación de la profesora. Ninguna de estas medidas procede tras el estudio practicado a la misma el día 13 de marzo por el inspector médico jefe de Educación, señor Sosa Escobio, por lo que la afectada ejercerá las acciones legales que a su derecho correspondan para que su dignidad como trabajadora y como persona vulnerada por estos hechos, sea resarcida".