Agencias
Madrid


El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no dará nuevas instrucciones sobre la petición de prisión contra Arnaldo Otegui, a pesar del alto el fuego de ETA.

Así se lo transmitió al fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, en una reunión que duró menos de treinta minutos en el despacho de Conde-Pumpido.

Después de varios rumores, el fiscal general aclaró a Santos que se mantienen las instrucciones.

Sin embargo, el juez Fernando Grande-Marlaska ha aplazado de nuevo la comparecencia del dirigente de Batasuna en la Audiencia Nacional por la continuación de sus problemas de salud, lo que implica que la Fiscalía dispone de seis días para cambiar el criterio.

Otras fuentes jurídicas sostienen que, si Arnaldo Otegui acudiera a la Audiencia Nacional antes del miércoles por su propia voluntad, la Fiscalía apreciaría que no existe riesgo de fuga.

En el auto difundido ayer, el magistrado suspende las diligencias fijadas para hoy y cita al portavoz de Batasuna para la semana entrante.

Grande-Marlaska solicitó el viernes una analítica completa de sangre y orina al no estar convencido que Otegui padeciera una neumonía. De los informes forenses sustrae que el padecimiento de la infección respiratoria evoluciona favorablemente y desde hace ya unos días se encuentra "afebril".

Asimismo, el juez ordena al cuerpo policial que durante este tiempo se "extremen" las medidas de seguridad y vigilancia en torno a Otegui.

El batasuno tendría que haber acudido el lunes 13 de marzo a la Audiencia Nacional para declarar ante Grande-Marlaska, pero el padecimiento de una bronquitis se lo impidió. Fue convocado a raíz de los actos violentos ocurridos en la huelga de Batasuna, tras la prohibición de una manifestación en Portugalete en homenaje a los etarras Igor Angulo y Roberto Saiz, recientemente fallecidos en sus respectivos centros penitenciarios.

El juez aplazó su comparecencia hasta que su estado de salud mejorara. No obstante, un nuevo informe médico aseguraba que la enfermedad se le había agravado hasta convertirse en una neumonía. A pesar de ello, el magistrado lo citó en principio para hoy.


"Nueva situación"

Cándido Conde-Pumpido se interesó ayer por la postura que adoptó la Fiscalía después de la tregua de septiembre de 1998, en medio de las críticas que ha cosechado por comentar que los jueces deberían "valorar" la nueva situación creada por el alto el fuego.

Ese debate continuó ayer en el ámbito judicial, donde la mayoría recuerda que su obligación es hacer cumplir la ley, y en el político, donde han discrepado del fiscal hasta algunos miembros del Gobierno y sólo le ha respaldado abiertamente Izquierda Unida.

El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quiso dejar patente que ni la Judicatura ni la Fiscalía están expuestas a las "incidencias" de la política: "La legalidad rige la actuación de todos los poderes públicos".

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López -organismo que el miércoles adoptó por unanimidad no pronunciarse institucionalmente sobre el alto el fuego-, enfatizó que los jueces continuarán sin traspasar el marco legal.

Luis Aguiar, vocal de la minoría progresista se muestra tajante: "El principio de legalidad ha de aplicarse en el contexto de las circunstancias, pero eso no puede llevar a una reinterpretación de la legalidad".

Fuentes cercanas a Grande-Marlaska constatan que el juez no se siente afectado en su función jurisdiccional por el alto el fuego y que actuará conforme a la legalidad vigente.


Reflexiones y críticas

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, puntualiza: "La nueva situación, llegado el caso, tiene que ser tomada en consideración por los fiscales, aunque nunca anteponiendo lo que es una reflexión política legítima al cumplimiento de la ley".

Las palabras del fiscal general "no han sido todo lo prudentes que suelen ser siempre" en él, en opinión del ministro José Bono: "El principio de legalidad y la ley es el único imperio".

Más críticos con el fiscal fueron los dirigentes del PP. Mariano Rajoy tacha de "disparate" las insinuaciones de Conde-Pumpido: "El Estado de derecho no puede estar en tregua de ninguna manera". Por este motivo, el PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado.

Entretanto, la Fiscalía del Tribunal Supremo acordó ayer atenerse al criterio sobre el cómputo de los beneficios penitenciarios previstos en el Código Penal de 1973, establecido por este tribunal en la sentencia en la que dictaminó sobre la acumulación de penas reclamada por el preso etarra Henri Parot.