EFE / Diario de Avisos
Santa Cruz
La policía nacional detuvo ayer a un funcionario del Gobierno de Canarias presuntamente implicado en la falsificación de firmas para descalificar viviendas de protección oficial (VPO) y anunció la detención de otro que, al cierre de esta edición, aún no había sido localizado, según informaron fuentes oficiales. El detenido es un auxiliar administrativo que trabajó en el Instituto Canario de la Vivienda y que ahora desempeñaba tareas en la Secretaría General de la Consejería regional de Infraestructuras, Transportes y Vivienda. El desaparecido también ejercía la función de auxiliar administrativo.
Las acusaciones son por falsificación de documentos y estafa, y la investigación se inició tras abrirse una investigación después de que en abril de 2005 la Consejería de Infraestructuras denunciase que había detectado documentos en los que se había falsificado la firma del director del Instituto Canario de la Vivienda, Jerónimo Fregel. Este organismo explicó en un comunicado que la descalificación de viviendas de protección oficial en régimen de venta, competencia del Gobierno autónomo, es necesaria para venderlas.
Diez casos
Los casos denunciados son diez, en los que el director del Instituto Canario de la Vivienda puso en conocimiento del fiscal que habían aparecido documentos con su firma falsificada y con aparentes reproducciones del sello del Instituto. Sobre ninguno de ellos existía original en los archivos, y a veces tenían un número de registro inexistente, mientras que en otras ocasiones el registro se refería a viviendas ubicadas en urbanizaciones o portales distintos a los reseñados, indicó el comunicado.
En esos documentos se trataba de reflejar una supuesta autorización administrativa. Ese tipo de procedimientos reglados sólo pueden autorizarse en base a la normativa que las regula y, con carácter general, pasado el periodo de protección establecido en la calificación de la vivienda.
En el supuesto de que el propietario de una vivienda de protección oficial desee venderla antes del plazo establecido, debe solicitar autorización, que sólo se concede si quien va a realizar la compra reúne unos requisitos. Los requisitos son usarla como primera residencia y no superar un determinado nivel de renta. El propietario inicial está obligado a vender al precio máximo tasado por el Instituto Canario de la Vivienda.
Vender a precio más alto
La desclasificación de una vivienda de protección oficial la convierte en vivienda libre y por lo tanto su precio de venta pudiera ser superior. Es decir, con la falsificación del documento público pudieran obtenerse ventajas de precio en la venta de inmueble, señaló el comunicado.
Los primeros indicios sobre estos hechos se produjeron el 8 de abril de 2004, a raíz de una llamada telefónica para interesarse por el pago de impuestos relativo al procedimiento de descalificación. Al comprobar que no concordaban los datos se requirió el envío del documento por fax y se comprobó que no existía tal documento en los archivos del Instituto Canario de la Vivienda. El 14 del mismo mes se pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía, con copia del documento falsificado. Posteriormente, y en diversas fechas, se han detectado hasta diez documentos falsificados de este tipo, que en todos los casos fueron remitidos a la fiscalía, el último con fecha del 26 de febrero de 2006. De las diez falsas descalificaciones de vivienda se ha tenido conocimiento por diversas vías, de modo que en unos casos ha sido por medio de los registros de la propiedad y en otros lo ha detectado personal del Instituto Canario de la Vivienda.
