Cuando se comenzó a hablar seriamente de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, asunto en cierta forma sobrevenido por los procesos que se anunciaban para otras Comunidades, se dijo que el Archipiélago debía intentar entrar en el trámite parlamentario nacional entre los primeros expedientes, para hacerlo entre aquellos territorios que, como Cataluña, abanderaban estas iniciativas y evitar caer en el "tumulto" de un gran número de otros debates de regiones que podrían considerarse -sin carácter despectivo en el término- como "menores", en cuanto a sus aspiraciones de determinadas cuotas de autogobierno.

No parece que haya sido así, porque tal como se han puesto las cosas, ni siquiera se está seguro de que la propuesta del Estatuto de Autonomía de Canarias se debata en esta legislatura nacional. De momento, la Mesa de la Comisión de Gobernación del Parlamento canario calificará las enmiendas -cuyo plazo de presentación terminó el pasado viernes- al texto ya acordado de la ponencia. Posteriormente, dicha ponencia volverá a reunirse para estudiar las citadas enmiendas y plantear un nuevo contenido.

Mientras, el texto de la reforma del Estatuto andaluz quedará registrado mañana en el Congreso y pendiente de que se celebre el debate en pleno para su admisión a trámite, previsiblemente el próximo 23 de mayo. Y será la cuarta reforma estatutaria que llegue a la Cámara Baja durante la presente legislatura.

La primera en el Congreso fue la del País Vasco, el llamado "Plan Ibarretxe", pero el pleno de esta Cámara rechazó su tramitación. Sí que salió adelante el proyecto de nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana por cuanto procedía de las Cortes regionales con el respaldo del PP y del PSPV-PSOE. Fue además el primero en ser aprobado y entró en vigor el pasado 11 de abril, no hace aún un mes, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

A continuación, el Congreso se aprestó a tomar en consideración el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, hasta la fecha el más polémico de cuantos han superado los trámites del Parlamento, toda vez que continúa su estudio en el Senado, donde está en debate en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

No es que el Estatuto de Canarias vaya en sí retrasado y que esto lo condicione para su trámite en esta legislatura, sino que hay un runrún muy fuerte en los mentideros políticos de Madrid, que hablan de la posibilidad de que se convoquen elecciones generales anticipadas en este mismo año. Incluso se da la fecha del mes de diciembre para las mismas.

De momento, la cosa tiene mucho de incógnita en cuanto a las decisiones, pero tratarse sí que se ha tratado en la dirección nacional del PSOE, entre otras cosas porque es obvio que, pasado el ecuador de la legislatura, el partido en el Gobierno comienza a analizar el mejor momento para disolver el Parlamento y acudir a las urnas en las mejores condiciones o, si no en las mejores fechas, al menos no en otras en que sean peores.

Y el hecho es que si hay una disolución de las Cámaras nacionales, todos los trámites parlamentarios obligatorios, como es el de los Estatutos, se verían paralizados, con el agravante, además, de que si no sale ahora, corren también otros calendarios, como es el de las elecciones autonómicas, que podrían variar los mapas de poder en algunos parlamentos como el canario y quién sabe si ello a su vez condicionaría también el documento autonómico, que sería procedente de una cámara anterior y no de la nueva, que lo podría asumir íntegro... o no.

Todo se verá, ya que este entramado se vincula al adelanto electoral que tal vez no llegará a producirse, pero en el campo de la especulación el panorama parece un poco complicado.