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Este mes se dictarán las primeras sentencias por el recorte del 20%

   

ACAMPADA FUNCIONARIOS ANTE CONSEJERIA DE EDUCACION FP

Acampada de empleados públicos frente a la Consejería de Educación, en Santa Cruz de Tenerife. / FRAN PALLERO

DOMINGO NEGRÍN MORENO| Santa Cruz de Tenerife

Este mes se conocerán las primeras sentencias de las demandas interpuestas de manera individual por el colectivo de empleados públicos de la Administración general de la Comunidad Autónoma afectados por el recorte del 20% de la jornada laboral y de forma proporcional del salario.

En concreto, para el próximo día 21 se ha señalado el juicio de una denuncia presentada hace menos de dos semanas en el Juzgado de los Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife. Se da la circunstancia de que este es “el más rápido”, comenta el abogado que lleva el caso. De hecho, este letrado laboralista metió otros cinco o seis en diversos juzgados y de momento no ha recibido ninguna otra convocatoria.

El jurista consultado cree que la sentencia se dictará en un plazo de tres o cuatro días y que hay “bastantes posibilidades” de que salga a favor del trabajador, lo cual “sentaría un precedente muy prometedor”.

El abogado resalta que un juicio de estas características ha llegado a demorarse hasta en dos años. “Este puede quedar listo en menos de dos meses”, apostilla.

La queja en cuestión se fundamenta en una “discriminación” del personal con contrato de duración definida con respecto a los fijos y sus argumentos se amparan en una directiva de la Unión Europea de 1999.

“No podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada”, establece la cláusula 4 (principio de no discriminación) de la mencionada normativa comunitaria.

Hasta ayer se habían contabilizado unas mil demandas por este motivo, del conjunto de los alrededor de 3.300 empleados públicos perjudicados por la disposición adicional quincuagésimo séptima de los presupuestos regionales de 2013. Paralelamente, los cuatro grupos del Parlamento estudian una propuesta para dejar sin efecto el recorte y el propio director general de la Función Pública, Aarón Afonso, conoce en primera persona la iniciativa de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI.F). El desarrollo de la alternativa solo requeriría la modificación de la ley en lo que respecta a la incompatibilidad laboral de este personal.