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El fallo del TC puede afectar al menos a siete cargos no electos en Canarias

EFE | Las Palmas de Gran Canaria

Al menos siete cargos públicos canarios podrían verse afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega que personas no elegidas por los votantes puedan incluirse en gobiernos de ciudades y cabildos, en un fallo cuyas implicaciones estudian ahora esas corporaciones.

Hasta que no se publique formalmente la sentencia, que se conoció ayer y declara inconstitucional y nulo el artículo de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local de 1985 que permite nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas no electas, sería precipitado posicionarse frente al fallo, han argumentado a Efe desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Este es uno de los tres consistorios en los que, en principio, tendría repercusiones el pronunciamiento del TC, por tener un director de gobierno, el responsable de Presidencia y Seguridad, Claudio Rivero, que fue designado para su puesto sin someterse al juicio de los votantes en las elecciones municipales.

También afectaría la sentencia a otros cuatro directores de gobierno de dos ayuntamientos isleños más, a los responsables de Economía y Hacienda, de Servicios Sociales y de Festejos y Régimen Interior del municipio grancanario de Telde, Darío López (PP), Minerva Santana (Ciuca) y Efraín Gómez (CC), y al de Obras e Infraestructuras del consistorio tinerfeño de La Laguna, Jonathan Domínguez (CC).

Además, dos cabildos han admitido que consideran que el dictamen del Constitucional podría poner en cuestión la continuidad en sus puestos de algunos de sus cargos: el de Gran Canaria, donde forman parte del grupo de gobierno pese a ser no electos los consejeros de Economía y Hacienda, Máximo Bautista (PP), y de Cultura y Patrimonio, Larry Álvarez (PP), y el de Tenerife, que carece de consejeros no electos, pero estudia si el fallo le afecta en otros cargos.

Desde casi todas las corporaciones citadas se ha destacado, en todo caso, que nadie tiene previsto adoptar medida alguna hasta haber estudiado detalladamente el contenido literal de la sentencia.

Así, desde la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria (PP) han querido subrayar que consideran que posicionarse sobre el texto jurídico en este momento supondría «ponerse a especular», con el argumento de que «la sentencia que no está publicada» oficialmente todavía, sino solo se conoce a través de medios de comunicación.

Esa circunstancia determina, al tiempo, que por ahora «no se sepa si la sentencia es de ejecución inmediata» o si comenzaría a ser de aplicación solo en los gobiernos que se formen a partir de las próximas elecciones municipales, han sostenido las fuentes de la Alcaldía.

Y han añadido que los gobernantes de la capital grancanaria incluso tienen «opciones para el caso de que sea de ejecución inmediata», pero que no las harán públicas «hasta poder leer la sentencia para que se pueda emitir una valoración desde los servicios jurídicos municipales».

Similares opiniones ha expuesto el portavoz del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde, Francisco López (PP), que ha recalcado que en esa corporación esperarán a que se publique en el Boletín Oficial del Estado el pronunciamiento del TC para adoptar alguna medida al respecto, si se cree precisa.

Ha matizado, en todo caso, que el grupo de gobierno proyecta estudiar con antelación las posibles implicaciones de la sentencia, pero en una reunión que todavía no se ha convocado porque ni siquiera tiene aún conocimiento de su contenido, del que «solo han leído lo que se ha publicado en la prensa».

Tampoco piensan decidir si ponen en marcha iniciativa alguna hasta que no conozcan el texto completo de la sentencia en La Laguna, según han confirmado fuentes de su Ayuntamiento.