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El Gobierno de Canarias abre la puerta al colectivo antidesahucios

Paulino Rivero e Inés Rojas, durante la reunión de ayer con una representación de la PAH. | EFE
Paulino Rivero e Inés Rojas, durante la reunión de ayer con una representación de la PAH. | EFE

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario colocó ayer otro ladrillo en su proyecto de reforma de la Ley de Vivienda para evitar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social. El presidente, Paulino Rivero, y la consejera competente en la materia, Inés Rojas, recibieron a una delegación de la Plataforma Antidesahucios (PAH) para dar detalles de la iniciativa y recoger sugerencias.

Al término de una “intensa” reunión, Rojas y la portavoz de la PAH, Inma Évora, calificaron la cita de “ fructífera” y “enriquecedora”. No por ello coincidieron en todo. Así, la PAH insistió en la urgencia y el Ejecutivo marcó en el calendario el mes septiembre como fecha de entrada en vigor de la medida. “La burocracia no puede ser un problema para acceder a una casa”, dijo Évora.

En cualquier caso, el anteproyecto será aprobado, probablemente, en el Consejo de la próxima semana. A partir de entonces se pondrá en marcha el periodo de consultas previo a la tramitación parlamentaria del texto articulado.

Al margen de las discrepancias “de forma”, las dos representantes de la PAH salieron convencidas de que el Gobierno tendrá en cuenta las aportaciones de los colectivos sociales. En esa línea, Inés Rojas valoró la colaboración de la plataforma y reconoció la importancia del activismo social. “Los movimientos ciudadanos están cambiando normas”, resaltó la consejera.

En la misma sintonía, Rojas y Évora apelaron a la responsabilidad de las personas que ocupan viviendas públicas para que paguen si disponen de recursos económicos, porque “hay muchas familias realmente necesitadas en lista de espera”.

En la víspera de un desahucio y dos días después de un intento de desalojo en un piso de la empresa pública Visocan en La Laguna, Inés Rojas recordó que el 30 de agosto de 2012 se emitió un decreto por el que no habrá ejecuciones de este tipo por problemas económicos. “Lo que pasa es que afectados deben demostrarlo”, puntualizó. “Si no vienen a nosotros a exponer sus circunstancias particulares, a efectos oficiales hay una vivienda impagada”, arguyó.

A propósito de los pisos vacíos en poder de los bancos, Évora destacó que existe “voluntad política” para regular la situación y Rojas transmitió la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia para que las entidades no hagan trampas fiscales cuando se quedan con viviendas.

Rivero despachó el lunes con directivos de los principales bancos -y cajas rurales- que operan en las Islas. También se llegó a un compromiso de cooperación.

Mientras se trabaja en el borrador, ya se ha elaborado la correspondiente lista de evaluación de la iniciativa legislativa para la tramitación del anteproyecto de modificación de la ley 2/2003.