El juez Castro investigará las supuestas irregularidades fiscales de la infanta Cristina

AGENCIAS| Madrid

El juez de Palma instructor del caso Nóos, José Castro, ha incorporado a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta Cristina y ha pedido a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la infanta además de más datos sobre su marido, Iñaki Urdangarin.

El magistrado, que investiga un supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, adopta esta decisión en un auto en el que además solicita a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de diputados del expresidente de esta comunidad Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Así lo ha decidido mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.

La Sala incide asimismo en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que “provenía de un delito de malversación o de fraude”, lo que resulta “más dudoso” para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta “desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública” puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

En esta misma línea, la Audiencia señala que la Infanta “debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda”, tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que “se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos”.

Es más, los magistrados recalcan que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que “podría estar en condiciones de impedir la defraudación” a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.