VICENTE PÉREZ | Candelaria
Elba Hernández llevaba ayer tres días sin dormir, y casi sin comer. Ha bajado treinta kilos desde que se puso en huelga de hambre en 2010, y este martes decidió empezar otra. Es la propietaria de una de las últimas nueve casas que siguen en pie en Cho Vito. Es pensionista y su marido prejubilado, pero con lo que ganan, dice, no les da sino para sobrevivir. No pueden alquilar una casa y mucho menos esperan que un banco les dé una hipoteca a sus años.
Lleva más de tres décadas en Cho Vito, en la casa cueva de los años 70 a la que iba con su padre a pescar y que acabó siendo su hogar y donde crió a sus hijos. Algunos vecinos pagaron una multa en su momento, por las obras realizadas, y recibieron algunas notificaciones a principios de los noventa, pero asegura que no fue hasta 2006, con ocasión del Plan General de Ordenación, cuando se enteró por el alcalde de que había una sentencia dictada contra su vivienda.
A ella, como a todos, les dieron cédula de habitabilidad, y pagan el IBI (aún este mismo año), tienen luz y agua, y escritura de propiedad registrada. Por haber, hay hasta dos hipotecas concedidas en el poblado.
Por eso les duele que les llamen “ilegales”. Su terraza da al mar, muy cerca de las olas, aunque asegura que nunca han llegado a sus paredes. “Pero al edificio donde el alcalde tiene una vivienda, en la calle de La Arena, sí que llega el mar, y sin embargo no está en dominio público, esto no hay quien lo entienda”, manifiestan, adentrándose en la conversación, varios de los últimos habitantes de Cho Vito, que también comentan: “Qué curioso que ahora a quien le deniegan licencia de primera ocupación sea al propio alcalde de Candelaria, porque su vivienda en un asentamiento rural no cumple las normas urbanísticas”.
Elba recuerda además todos los problemas que han tenido para conocer su expediente administrativo en Costas, hasta el punto, afirman, que sólo fue este verano cuando obtuvieron copia de los documentos que, para ellos, cuestiona el actual deslinde público marítimo terrestre, y que son los que han esgrimido ahora para pedir al Ministerio que revise el trazado de esta franja pública, porque la línea de 1969 no daba de lleno al poblado, o solo tocaba algunas fachadas.
Ella y su marido, Florentino, temían ayer lo peor, el derribo de sus casas, y en sus rostros estaba la huella de días sueños rotos y poco comer. La esperanza -y esos nuevos papeles- les mantiene.
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Juan Ravelo: “Vengo de Telde a apoyar a Cho Vito, porque mañana puedo ser yo el que esté en la calle”
Entre las personas que ayer pasaron el día junto a los vecinos de Cho Vito está Juan Francisco Ravelo, uno de los 17 propietarios de viviendas en el barro de Tufia (Telde) afectados por el dominio público marítimo terrestre. “Es mi primera vivienda, y Costas me ha ordenado derribarla o la derribarán ellos; nos han prometido realojarnos en viviendas que harán en el barrio, cuando cambien la calificación del suelo, pero viendo lo que ha pasado en Cho Vito, tengo miedo a que nos engañen”, manifestó este grancanario que no dudó en venir desde su isla a pasar dos días en el poblado marinero para apoyar su lucha.
“Hoy les toca a ellos, pero mañana puedo ser yo al que quieran poner en la calle sin garantizarme el realojo”, señala, sentado sobre un muro en obras del paseo marítimo que construye el Ministerio de Medio Ambiente en el litoral de Cho Vito, con la mirada a veces perdida en el horizonte, tal vez intentando escudriñar la silueta de su isla.
Juan Francisco es pensionista por discapacidad sobrevenida desde hace siete meses, vive con su esposa y sus dos hijos, y ayer tenía previsto regresar a Telde, donde seguirá luchando por una solución digna a su problema. “Heredé mi casa de mis padres, que la compraron a unos marineros en 1972; yo me limité a arreglarla por dentro, y ahora me veo en esta situación; y espero que nos realojen y nos dejen en la calle”, relata este teldense.
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