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Repsol reduce ya a cuatro las áreas candidatas para buscar petróleo

   

Fuente: resolución del Ministerio de industria y compañía Repsol | DA

Fuente: resolución del ministerio de industria y compaÑÍa repsol | DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La multinacional Repsol ha ob-tenido autorización del Ministerio de Industria y Energía para estudiar con un barco oceanográfico las condiciones físico-químicas del agua y las biológicas del fondo marino, en seis áreas de unos 64 kilómetros cuadrados cada una, con una profundidad del mar que oscila entre 870 y 1.400 metros, y a más de 50 kilómetros de las islas orientales.

La empresa asegura que se trata de estudios necesarios para definir los dos lugares exactos donde pretende perforar en busca de petróleo o gas, con la intención de un sondeo a fines de 2014 y otro en 2015. Además sostiene que estos informes forman parte de los estudios de impacto ambiental que debe presentar para superar el trámite vinculante de declaración de impacto ambiental sobre este proyecto. En este caso, se tomarán muestras de agua a diferentes profundidades y de sedimentos del fondo, y se medirá la temperatura a distintos niveles de la columna oceánica, entre otras actividades.

Repsol asegura que, aunque pidió permiso para analizar seis zonas marinas, ya ha descartado dos, las situadas más al norte de Lanzarote, y se queda con otras cuatro áreas susceptibles de albergar petróleo o gas, donde el lecho marino se halla a entre 847 y 1.093 metros de profundidad.

La noticia de esta nueva autorización no ha gustado al Gobierno regional, que ayer, por boca de su comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos, anunció que impugnará esta resolución, fechada el 27 de marzo. “Vamos a recurrir porque el Ministerio de Industria no ha dado parte al Gobierno canario en este procedimiento”, dijo Ríos.

En esta línea, el presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, ratificó ayer que su Ejecutivo continuará utilizando “todos los instrumentos políticos, judiciales y sociales posibles” contra estas prospecciones petrolíferas, pues, a su juicio, “el petróleo es un negocio para unos pocos” y “el Gobierno de España se está poniendo al servicio de una actividad privada” que arriesga el futuro de Canarias.

El Cabildo de Fuerteventura ha criticado el permiso dado a Repsol para estos nuevos estudios “mientras desde el Ministerio de Medio Ambiente se estaba sometiendo a consulta previa el avance del estudio de impacto ambiental”, según explica en una nota el presidente de la institución majorera, Mario Cabrera, quien se queja de que “algunos están inflados de petróleo en ese Ministerio de Industria, sólo piensan en clave de piche y no saben qué hacer para quedar bien ante los petroleros”. El Tribunal Supremo (TS), recordó ayer Efe, ha dictado este año varias sentencias que avalan permisos para sondeos petrolíferos frente a la costa de Valencia, rechazando así que se alegue sin más un daño al turismo. El anterior Gobierno central (PSOE) autorizó en 2010 a Capricorn Spain Limited y Medoil PLC a buscar petróleo en el Mediterráneo, decisión impugnada por los ayuntamientos de Valencia, Gandía y Cullera, que alegaron que esos sondeos representan un riesgo para el medio ambiente y el sector turístico. Sin embargo, el Supremo subraya que los permisos están condicionados al cumplimiento de la normativa de control de impacto ambiental, de forma que se cumplen las exigencias legales para “prevenir y combatir los derrames y vertidos de hidrocarburos”.

[apunte]Ríos: “El TC reitera que las Islas pueden asumir sus aguas si cambia el Estatuto”
El Tribunal Constitucional ha reiterado que Canarias podría asumir las competencias en sus aguas si así lo contemplara el Estatuto de Autonomía, lo que, a juicio del comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, “constituye una invitación a retomar los trabajos para la reforma del documento estatutario”.

Se trata de la segunda sentencia en la que el Alto Tribunal establece que en la redacción vigente del Estatuto no se reconoce que las aguas sean parte del territorio de la Comunidad, “pero de lo que se infiere que reformándolo Canarias sí podría ejercer en sus espacios marítimos las mismas competencias que el propio Estatuto le atribuye en tierra; un asunto que afectaría a cuestiones tan importantes como las prospecciones petrolíferas en aguas de Lanzarote y Fuerteventura, a las que se opone el Gobierno de Canarias”, explicó Ríos.

La sentencia resuelve un recurso presentado por el Gobierno canario en 2008 sobre determinados preceptos de la Ley estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad, que fijaba las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de espacios naturales protegidos en el ámbito territorial y en las aguas marinas siempre que existiera continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección.

La sentencia, según infiere el Gobierno canario en una nota, establece una regla más abierta (la de la “continuidad ecológica”) que permite incluir otros supuestos en los que, sin existir conexión física entre el espacio marino y el terrestre, las características y circunstancias singulares del espacio demandan una gestión unitaria por la Comunidad Autónoma.[/apunte]