Saavedra ve inconstitucional bajar sueldo a 3.300 empleados públicos

Una de las manifestaciones de los empleados públicos contra el recorte salarial del 20%. | FRAN PALLERO

V. P. | Santa Cruz de Tenerife

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha dado la razón a los 3.300 empleados públicos del Gobierno canario que se quejan de discriminación con respecto al resto del personal de la Comunidad Autónoma por el recorte de entre un 20% y un 10% que les ha aplicado este año, a su sueldo y a su jornada.

Tal es así que Saavedra ya ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presupuestos Generales de Canarias en la que se plasma este tijeretazo, por considerar que “vulnera preceptos” de la Constitución Española.

El Diputado del Común adoptó esta decisión el viernes como resolución de al menos treinta quejas de empleados públicos referentes a este asunto, según informa en su web institucional.

El recurso ante el Constitucional estaría fundamentado en la posible vulneración de artículos de la Carta Magna española como el que estipula que el Estado “tiene competencia exclusiva sobre legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas”, y también el que establece que los españoles “son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La medida afecta, concretamente, al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y a los funcionarios interinos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (Pepar) ha advertido ademas de que la reducción de jornada ha ocasionado un “evidente deterioro de los servicios públicos”. Por ello, este colectivo ha pedido al Gobierno canario que retire esta medida “arbitraria y discriminatoria” y así evitar las mil damandas presentadas por los afectados ante los Juzgados de los Social, cuya unificación ha pedido el Ejecutivo, abriendo la vía a un conflicto colectivo. Este último paso del Gobierno, cuando se iban a celebrar las vistas, ha dado lugar además a que los sindicatos hayan presentado un preaviso de huelga para el próximo 15 de abril.

Francisco Hernández Spínola. | J.G.

EL GOBIERNO ALEGA QUE “RESPETA LA CARTA MAGNA” Y “EVITA DESPIDOS”

El Gobierno canario se reafirmó ayer en la legalidad de la reducción salarial y de jornada aplicadas a 3.300 de los 60.000 trabajadores que tiene a su cargo, ya que la fundamenta en que de esta forma intenta evitar “despidos masivos” en la actual coyuntura de restricciones presupuestarias por la crisis económica y los recortes estatales.

No obstante, y en un tono muy respetuoso con el diputado del Común, el Ejecutivo regional cree que la impugnación de esta medida solicitada por Jerónimo Saavedra se enmarca en “su deber institucional” y es “posible” además ante el planteamiento de los afectados sobre una posible vulneración de sus derechos.

El Ejecutivo ratifica, en cualquier caso, que “la medida adoptada en la Ley de Presupuestos de 2013 respeta el orden constitucional, ya que cuenta con justificaciones objetivas para su aplicación” y añade que “ha adoptado esta opción consciente de que parte de una interpretación jurídica que apura la normativa en vigor”.

Reitera el Gobierno autonómico que “la reducción de jornada y sueldo al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y los funcionarios interinos se adoptó para evitar despidos masivos” y que “la prioridad, por tanto, es defender el empleo público” con medidas “coyunturales solo de aplicación para el año 2013”.

El reajuste correspondió negociarlo con los sindicatos al consejero de Presidencia y Justicia, el socialista Francisco Hernández Spínola, quien inicialmente había planteado una rebaja del 20% de jornada y sueldo a los 3.300 afectados, y que posteriormente aceptó que la reducción fuera del 10% para los 950 empleados públicos con menor salario, es decir, a quienes trabajan menos de 25 horas semanales. Con todo ese tijeretazo, el Ejecutivo pretende ahorrar 20 millones de euros este año.

La viceconsejera de Administración Pública, Carmen Nieves Rodríguez, adujo en su momento que esta minoración salarial “está motivada por el recorte de 450 millones de euros en las partidas para las Islas adoptado por el Gobierno español”.