EFE | Las Palmas
Los sindicatos con presencia en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria han exigido hoy rectificar en el anuncio de cierre de la Unidad de Cardiología Pediátrica del centro, que afirman abocaría a niños isleños y africanos a morir, y han anunciado encierros en caso contrario.
Ya que ese cierre “no se puede justificar, ni por razones económicas ni por razones de calidad en la asistencia sanitaria que se presta”, según ha asegurado hoy Bernardo Medina, portavoz de Intersindical Canaria en el Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, en una rueda donde incluso ha pedido “el cese urgente de la consejera de Sanidad” regional, Brígida Mendoza, por este asunto.
Respaldado por dirigentes de otras tres organizaciones con representación en el centro, Comisiones Obreras, UGT y Comisiones de Base, Medina ha insistido en que el anuncio del cierre de la llamada Unidad Médico Quirúrgica de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas es “una idea que se les ha ocurrido en el Gobierno de Canarias sin pensar las consecuencias y debe rectificarse”.
Puesto que, según ha sostenido, si se llevara a cabo finalmente ese cierre, rechazado por asociaciones de familiares de enfermos, profesionales médicos y algunas organizaciones políticas, entre otros colectivos, “estaríamos hablando, con las estadísticas en la mano, de niños de Canarias y de África que van a morir”.
Como argumento para ese planteamiento, ha aludido al hecho de que el Hospital Materno Infantil es el único centro de referencia en tratamiento de cirugía cardiaca pediátrica del Archipiélago y de su área de influencia en África, que ha combinado con la circunstancia de que, según ha expuesto, un porcentaje de los niños afectados por cardiopatías congénitas requieren intervenciones urgentes.
Lo cual ha afirmado que hace previsible que no haya garantías para la población afectada con la fórmula que ha planteado el Gobierno Autónomo para suplir la asistencia que se presta actualmente en dicha unidad, que es convenir con centros de la Península que atiendan a los pacientes infantiles de cardiopatías de las Islas.
Fórmula ésta que ha dicho que rechazan, además, los sindicatos por entender que tampoco está avalada por criterios de calidad en la asistencia, como se ha sostenido desde la Consejería al argumentar que el volumen de intervenciones que se hacen al año en la unidad es insuficiente para que los cirujanos que trabajan en ella cuenten con la experiencia idónea para afrontar los casos que se les presentan.
Aludiendo, como justificación de su postura, a que el índice de mortalidad infantil que se produce en las cirugías pediátricas en la unidad isleña es del 4 %, cuando en la media de España es del 4,6 %.
Y, en materia económica, ha asegurado que es más rentable mantener el actual funcionamiento de la unidad, cuyo gasto anual ha dicho que está en torno a un millón de euros, que optar por trasladar pacientes a la Península.
Ya que ello implicaría, según ha asegurado, tener que contratar en muchos de los casos un avión especial cuyo precio es de 15.000 euros por traslado.
Si a ello se suman los gastos derivados de tener que pagar los servicios de los hospitales peninsulares a los que fueran enviados y se tiene en cuenta que la media anual de niños intervenidos en los más de diez años en que ha funcionado la unidad es de 83, se puede prever que el coste actual casi se quintuplicaría, superando los cinco millones de euros al año , ha concluido.
Por todo ello ha insistido en que el Gobierno rectifique, “porque todos nos podemos equivocar y no pasa nada”, y en que, en caso de que eso no ocurra, sindicatos y asociaciones de familiares de enfermos afectados por la decisión promoverán encierros de protesta “permanentes e indefinidos” que ha avanzado que se proyecta que tenga por escenario “sedes eclesiásticas”, aunque sin precisar más.