CÁNDIDA CARBALLO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Rosa Belén Luis Dóniz (Puerto de la Cruz, 1977) es realejera porque siempre ha vivido en este municipio del Valle de La Orotava. Su inquietud desde la infancia por los problemas de los demás acabaron marcando su vida profesional.
-¿Qué recuerda de su infancia?
“Pues fue una infancia normal. Tengo dos hermanos mayores y fui la niña mimada de casa. Lo que más recuerdo son los juegos con los amigos y los primos. Cuando eso no pasaban los coches y podíamos jugar en las calles a la pelota, a correr…”.
-¿Dónde estudió?
“En el colegio Agustín Espinosa de Los Realejos, y después en el Instituto, también de Los Realejos”.
-Luego hizo Trabajo Social, supongo…
“Sí. Yo soy de la primera promoción que estudió en el recinto de la Universidad de La Laguna, en las aulas de la Facultad de Derecho”.
-¿Por qué eligió ser trabajadora social?
“Me gustaba mucho escuchar a mis amistades y que la gente que me rodeaba me contara sus problemas”.
-Era la amiga confesora…
“Sí. En un primer momento pensé en estudiar Psicología. Después me informé bien y me pareció que Trabajo Social era más práctico, más directo y que te mantiene en contacto con gente de la calle, con la realidad”.
-¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?
“Acabé la carrera en el 98 y como me había quedado la espinita empecé a estudiar Psicología, pero solo hice primero y segundo. En enero del 99 me contrataron en la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple, en un proyecto de ayuda a domicilio. Ahí comencé a trabajar con los problemas de las enfermedades crónicas y la discapacidad. Estuve casi cuatro años y medio. Lo dejé porque quería cambiar”.
-¿Es difícil trabajar con este tipo de enfermos?
“Sí, es difícil. Son personas que no participan mucho y les cuesta salir de casa…Todos los proyectos que se generan tienen problemas de continuidad”.
-¿Y qué hace después?
“Yo vivía en La Laguna y decidí volver a Los Realejos. Estuve desempleada dos meses y me salió un convenio para trabajar en el Ayuntamiento de La Orotava. Fueron solo ocho meses. Después, como yo conocía al Padre Antonio, él me contrató para trabajar en Santa Rita 2. Allí estuve casi cinco años.”.
-¿Cuándo entra en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales?
“En el 2006 empecé en el turno profesional de idoneidad para la adopción del Colegio, pero en 2008 ya empecé a trabajar coordinado un programa, a través de la Dirección General de Bienestar Social, para los informes preceptivos del Plan Individual de Atención para las personas que tienen reconocido el grado de dependencia. Allí estuve en 2008 y 2009. En 2010 empecé a trabajar como coordinadora provincial de Cruz Roja para mayores, especialmente en la teleasistencia y, al mismo tiempo, me presenté a unas oposiciones en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que aprobé; desde julio de 2010 trabajo en el Puerto”.
-¿Y la Presidencia ?
“El año pasado hubo elecciones, ganó nuestra candidatura y soy la presidenta”.
-Su primer trabajo fue con pacientes de esclerosis múltiple. ¿Qué se puede hacer por estas personas?
“La Asociación está dirigida para dar información y asesoramiento, no solo de la enfermedad y como tratarla, sino también de los recursos a los que pueden acceder. Yo trabajaba dando información, haciendo trámites, certificados de minusvalías, pensiones, etc. El trabajo no era solo a nivel individual, sino que también era necesario actuar con las familias, porque el impacto de la enfermedad cuando te la diagnostican es muy fuerte. Se necesita mucho apoyo al principio, también a nivel familiar”.
-¿Cómo se financia?
“Este tipo de asociación se nutre de las cuotas de los socios, que no son muchas, y de las subvenciones. Actualmente, los recortes están obligando a que muchas de estas asociaciones desaparezcan y a que otras disminuyan sus servicios”.
-¿Conoce muchos casos de asociaciones que estén dejando de prestar servicios?
“La Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, por ejemplo, no está pasando por el mejor de los momentos. Y la mayoría está así. El martes pasado, precisamente, tuvimos una reunión con diferentes ONG o centros, que son hogares para los niños en protección, y una de sus quejas era que los recortes presupuestarios han hecho que su situación sea muy difícil”.
-¿Qué respuesta hay?
“Estamos trabajando a vés de la Red Canaria del Sistema Público de Servicios Sociales, que se creó en Las Palmas y ahora hemos presentado en esta provincia. Desde el Colegio queremos dejar claro que estamos en contra de esos recortes. En el plan concertado, por ejemplo, hubo este año un recorte del 12%, que es una barbaridad”.
-En medio de la crisis…
“Exacto. No solo es eso, en la Ley de la Dependencia el presupuesto también disminuyó. Los afectados son los más desfavorecidos, como los menores, los mayores, las mujeres…”.
-¿Qué pasa en Canarias con la Ley de Dependencia?
“Si nos fiamos del informe del Gobierno de Canarias, los datos reflejan que por la población que tenemos deberíamos haber generado un mayor número de solicitudes de algún grado o nivel de dependencia. Aún así, el nivel de valoraciones y resoluciones estamos en el último puesto de toda España. Pero es que, además, solo la mitad de las personas que han solicitado un servicio o una prestación lo está recibiendo”.
-¿Por qué?
“La respuesta que da la consejera es que en Canarias se fomentó el sistema sociosanitario y los indicadores no contemplan esos servicios, pero la cuestión están en que se pretendía dar respuesta a todas esas necesidades y no se está dando. Se está tardando 18 meses en resolver un expediente. Al final, la Ley se está resolviendo, cuando se resuelve, dando una prestación para que la persona sea atendida por un familiar, cuando esta prestación era una excepcionalidad”.
-¿Tiene que ver con la respuesta que da el Cabildo?
“Quizá se debería haber puesto en marcha algún protocolo; ahora se ha llegado a un acuerdo para que todas las personas que entren en los centros tengan la valoración de de su dependencia. Se supone que todo tiene que entrar por una única ventanilla, que sería la Ley de Dependencia, pero no era así”.
-Pero la Ley no ha funcionado…
“Se creía que sería el cuarto pilar del bienestar social y no lo ha sido en absoluto. En ningún sitio, pero aquí mucho menos”.
-¿Cómo se están afrontando en los ayuntamientos los recortes?
“No solo se han hecho recortes, sino que éstos inciden en las personas que atendemos. La crisis ha hecho que se haya duplicado la demanda, pero los recortes han hecho que los servicios sean menos o que el personal sea menor. Nos estamos encontrando con un colapso y estamos desbordados. Por eso nos hemos adherido a esta Red Canaria, que denuncia esa situación y que promueve la participación ciudadana… Entendemos que estos recortes vulneran los derechos sociales”.
-¿Y los partidos políticos?
“Esa es otra de las iniciativas que hemos tomado. El 4 de mayo nos reunimos en Las Palmas con dirigentes de casi todos los partidos y les presentamos un manifiesto, donde se les exponían diferentes líneas de actuación. Otra de las fórmulas que hemos adoptado ha sido a nivel nacional, que es la Alianza por el Sistema Público de Servicios Sociales. Además, el Colegio está iniciando un estudio sobre la situación de los Servicios Sociales en la provincia y queremos hacer propuesta concretas en relación a la Ley de Dependencia y de la Prestación Canaria de Inserción”.
-¿Cómo llega la Prestación Canaria de Inserción?
“Se trata de una buena iniciativa, pero en la realidad llega a ser indignante. Por ejemplo, este año no se ha contratado a personal para valorar a esas personas. Es decir, que hay municipios en los que estas prestaciones están paralizadas. Por otro lado, el Gobierno se ha quedado sin presupuesto. Hay personas que han pasado toda la tramitación y tienen toda la documentación, pero después de cinco u ocho meses sigue sin cobrar nada. No podemos olvidar que se trata de situaciones de extrema necesidad”.
-Ese es el retraso una vez resueltos los papeles. ¿Y antes?
“La tramitación de los trabajadores sociales tarda tres meses y después se deriva al Gobierno de Canarias, que tiene un plazo de cinco meses. La realidad es que eso se va atrasando. Muchas veces por culpa de sistema burocrático con el que tiene que luchar los propios trabajadores sociales y por exceso de trabajo que tienen”.
-¿Si llega una persona al Ayuntamiento con una necesidad extrema, qué plazo le dice?
“Les decimos que el plazo normal es de cinco meses, pero que puede atrasarse. Y la siguiente pregunta es qué hace entre tanto. Lo que hacemos es trabajar con otros medios para poder solucionar el problema inmediato, acudiendo a otros recursos, pero está pasando lo mismo. No hay recursos suficientes y la de-manda es cada vez mayor…”.
-¿Ha cambiado el perfil de los demandantes de ayuda?
“Sí. Están acudiendo muchas parejas que hasta hace poco tenían dos sueldos en casa y ahora no tienen ningún ingreso. El nivel de pobreza de Canarias es ya del 30%, según un estudio, que además añade que si las personas que están cobrando la prestación de 420 euros por desempleo dejan de percibirlo el nivel de pobreza en el Archipiélago llegaría al 60%”.
-¿Se puede hacer algo con los indigentes?
“Siempre y cuando esa persona quiera ser ayudada. Hay una problemática muy variada detrás de esas personas y depende de los recursos con los que cuente el Ayuntamiento. Hoy por hoy aquí son bastante escasos. Por ejemplo, de centros solo está el albergue”.
-¿Y si tienen problemas psíquicos, como el de Arona?
“Con ese tipo de personas se tendría que tramitar una incapacitación. El problema es legal”.