La comunidad educativa manda a septiembre a la Consejería

Una de las decenas de manifestaciones que se han producido en las Islas con protestas de padres y alumnos en este curso. / DA

ÁNGELES RIOBO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Este curso 2010-2011 en Canarias está marcado por la polémica, y a pesar de que aún no ha finalizado, la comunidad educativa ya le ha puesto suspenso. Los recortes presupuestarios, y la controvertida gestión del personal docente y los recursos llevada a cabo por la Consejería de Educación, indignan y preocupan a buena parte de los padres alumnos y profesores del Archipiélago que estiman que la disminución de las partidas económicas destinadas a la educación en Canarias, impiden desarrollar un modelo educativo con todas las garantías de calidad exigida.

De hecho, a solo un mes del final continúan las movilizaciones y acciones de protesta por parte de la comunidad educativa y algún que otro partido político. La última, una multitudinaria manifestación celebrada el pasado 12 de mayo en Santa Cruz de Tenerife

La movilización se convocó desde Iniciativa en Defensa de la Educación Pública Canaria, una plataforma conformada por sindicatos, asociaciones de padres y madres (Ampas) y agrupaciones políticas. Salieron a la calle para acusar al Gobierno regional de “desmantelar” la educación pú-blica y de “comprometer” el futuro de Canarias.

La sucesiva disminución del presupuesto destinado a la educación durante la última década, que se ha incrementado en los dos últimos años con un recorte de 200 millones, produce que, actualmente, la Comunidad autónoma destine a educación un 4% del Producto Interior Bruto, frente al 5,11 % de la media nacional, y al 7% recomendado desde el Consejo Escolar del Estado.

Este órgano consultivo recordó en un comunicado, el pasado 14 de abril, las palabras de la comisaria europea Androulla Vassiliou que advirtió de que la lucha contra el abandono y el fracaso escolar es “incompatible” con los recortes presupuestarios.

El notorio descenso de recursos sumado a la criticada gestión de las sustituciones de los docentes de baja, los recortes en actividades complementarias -apoyo pedagógico, atención a la diversidad, actividades extraescolares, salidas programadas, atención en bibliotecas- y en otros servicios de los centros escolares como la acogida temprana o la reducción de plazas de comedor escolar, son los principales “ataques contra la calidad del sistema educativo” que las organizaciones de padres y sindicatos achacan a la administración regional.

Iniciativa Legislativa Popular

El 10 de febrero de 2011 la plataforma Idepc y el movimiento social Otra educación es posible, presentan en el Parlamento una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la mejora de la educación pública canaria con 35.269 firmas de apoyo de ciudadanos de todas las Islas, para dar un toque de atención sobre el problema a la clase política.

Entonces, la presidenta del Ampa Galdós, Alicia Reyes reivindicó que “la formación es el mejor instrumento para hacer avanzar económica y socialmente a Canarias y reclaman un cambio urgente en la política educativa del Gobierno de Canarias”.

De “muy muy duro” calificó la propia consejera de Educación, Milagros Luis Brito, el arranque de este  curso escolar, convulso incluso desde antes de su inicio. Desde mayo de 2010 comienzan a surgir las primeras consecuencias de la disminución del presupuesto de educación para el curso 2010-2011, en forma de eliminación cursos, ciclos y niveles formativos en varios centros de las Islas.

Uno de los más destacados fue la eliminación de la Formación Profesional (FP) del IES Pedro García Cabrera de Vallehermoso, La Gomera. Entonces, profesores alumnos y padres mostraron públicamente su desacuerdo con la supresión, e incluso, los propios alumnos elaboraron un plan estratégico para evitarla, que fue apoyado por la práctica totalidad de las formaciones políticas, el Cabildo y los ayuntamientos de la Isla, pero cayó en saco roto.

El primero de septiembre se estrena el controvertido Plan de Sustituciones de Corta Duración, (Plan de Atención Educativa, desde el pasado mes de abril), impulsado por la Consejería como medida de contención del gasto. Este plan contemplaba, a grandes rasgos, la sustitución de las bajas de corta duración de los docentes con profesorado del mismo centro educativo, evitando contratar a sustitutos.

El plan de sustituciones obligaba a los docentes a dejar de desempeñar otras tareas organizativas y complementarias, como permanencias, programas de excelencia educativa, o de apoyo pedagógico para poder sustituir a sus compañeros enfermos. Además, las sustituciones debían ser cubiertas por docentes independientemente de su titulación.

“Sin duda estos factores comprometen la calidad educativa”, lamenta Pablo Jerez, miembro de la asociación de Ampas (asociación de padres y madres) Coordinadas, y explica que “un profesor de matemáticas podía sustituir a uno de inglés”.

Las situaciones derivadas del la política de sustituciones de las bajas de los docentes, que dejó notar más su incidencia en los centros de Enseñanza Secundaria, hicieron surgir las primeras situaciones irregulares en los centros, en forma de alumnos que se quedaron hasta un mes y medio sin clase de alguna asignatura, como ocurrió en el Colegio Aponte de Guía de Isora.

El 22 de octubre los mismos padres bloquearon la entrada al centro como medida de protesta.

En otros centros como el IES Cabrera Pinto de La Laguna, los padres fueron “más allá” para denunciar las carencias educativas por las que estaban atravesando sus hijos. Algunos llevaban varias semanas sin tutor. El 28 de octubre de 2010 la AMPA del centro denunció a la Consejería de Educación, ante Fiscalía por “prevaricación” y por “vulnerar el derecho fundamental a la educación”.

La Fiscalía ha manifestado que no puede actuar remitiéndoles a los tribunales de Justicia.

El plan hizo germinar la semilla del malestar en un sector considerable de la comunidad educativa, y el 28 octubre de miles de personas -15.000 según los organizadores- salen a la calle en señal de protesta en las dos islas capitalinas, bajo el movimiento social Otra educación pública es posible, y la Idepc.

Organizaciones sindicales, asociaciones de alumnos y confederaciones de Ampas, y otros colectivos sociales, critican los recortes y acusan a la Consejería de Educación de “desmantelar a la educación pública canaria”.

A pesar de las continuas protestas en los diferentes centros educativos, principalmente encabezadas por los padres, esta junto a la celebrada el pasado 12 de mayo de 2011, son las dos únicas grandes manifestaciones celebradas en este año escolar, en protesta de los recortes en Educación.

Desánimo de docentes

El sector docente “sufre” los recortes en Educación al haberse aumentado el número de horas de docencia, en detrimento de otras actividades organizativas, entre otros factores. “Si tuviera que cobrar por la cantidad de horas extras que le echamos al centro, tanto yo como mis compañeros, cobraría el doble” asegura el jefe de estudios de un IES tinerfeño que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Por otro lado, sindicatos aseguran que los docentes tienen la sensación de que “les está prohibido hasta enfermarse” y lamentan que, en algunos casos, se les llame a trabajar incluso cuando están inmersos en procesos de salud graves, “como ha ocurrido en varios casos” denuncia la representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC), Mary Bolaños. Además, los sindicatos de docentes culpan a la Consejería de instaurar una “política de presión sobre el profesorado

Estrés y depresión siguen siendo los principales motivos de baja médica de los profesores, entre los que se aprecia una sensación de desánimo e incluso de “miedo, sobre todo en los interinos”, según apuntan. “La consejería parece desconocer los estudios que muestran que las comunidades educativas con cotas más altas de calidad, son aquellas en las que el sector docente es más respetado y valorado desde la propia administración”, resalta Bolaños.

Precisamente esa sensación de “desánimo” sea la causante de que este curso escolar no haya destacado por las huelgas del profesorado, y más teniendo en cuenta que ya desde el pasado año arrastraban “mal rollito” a raíz de las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, José Manuel Soria, dudando sobre la veracidad de sus bajas con la frase “se acabaron las bajas para ir a la playa”.

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) le denunció por “atentar contra el honor de los docentes”, pero fue absuelto en noviembre de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que entendió que las declaraciones “no hacían desmerecer el respeto y aprecio público del colectivo”.

El 9 de noviembre de 2010  el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), interpone dos recursos contencioso-administrativos, contra la Consejería de Educación; uno por la orden relativa a la ordenación del profesorado, y el otro contra el Plan de Sustituciones de Corta Duración. Arguyen que dicho plan “perjudica a la vida laboral y profesional de los profesores en los Centros de enseñanza, y atenta contra el derecho de los alumnos a recibir una Educación de calidad”.

Contra los recortes

Este curso no ha destacado por su número de huelgas y manifestaciones, pero lo que sí ha cambiado con respecto a otros años es que son los padres quienes lideran la mayor parte de las reivindicaciones y acciones de protesta contra los recortes educativos, ante lo que consideran una “vulneración del derecho a la educación de sus hijos”.

“Los padres estamos indignados por este deterioro del sistema público” asegura Pablo Jerez quien lamenta que en la actualidad la educación en Canarias haya perdido las cotas de calidad que alcanzó en años pasados y advierte que se está hipotecando el futuro del archipiélago”.

De hecho han sido los padres a través de las Ampas de sus centros escolares y de las federaciones, quienes han encabezado las dos grandes manifestaciones en este curso escolar. La celebrada el 28 de octubre, y la última hasta el momento, el 12 de mayo, en las que han estado apoyados por sindicatos y demás colectivos sociales.