Difundir rumores falsos sobre el trabajo o de la vida privada de un funcionario, así como mantenerle ocioso, darle órdenes de imposible cumplimiento, ocuparle en tareas inútiles o reprenderle delante de otras personas se considera mobbing, según la resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que regula el acoso laboral de los funcionarios y que fue publicada el pasado 1 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por el contrario, según la misma normativa, no es acoso laboral la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aunque sea sin causa justificada y sin seguir el procedimiento legal o presionar para aumentar la jornada, ni tampoco las amonestaciones por no realizar bien lo encomendado.
Tal y como precisa el BOE, el acosador será sancionado por falta muy grave y el castigo acarrea penas de cárcel de seis meses a dos años, “para los que aprovechándose de su relación de superioridad, realicen contra otros actos hostiles o humillantes”.
Además, los empleados públicos que conozcan algún supuesto caso de acoso tienen la obligación de denunciarlo ante la dirección, aunque no les afecte a ellos.
El trabajo y su dignidad, que en algún momento se ha considerado como un castigo, pasa ahora a reclamarse como un derecho, que debería estar al alcance de todos.
De momento, este tipo de mobbing sólo se regula para los funcionarios y se apoya en dos ámbitos normativos que tienen que ver con el derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación y el derecho a la intimidad, pero sería deseable que se ampliara a cualquier tipo de entidad laboral.
El 1 de septiembre, la Administración incluirá un impreso de denuncia en la intranet de todos los departamentos, con el fin de que se puedan formular las denuncias de hostigamiento psicológico u hostil, por parte de los jefes hacia los trabajadores públicos y acabar con las conductas de acoso en el trabajo, del tipo que sean.
Los sindicatos afirman que el Gobierno estaba incumpliendo la ley porque no tenía un protocolo de actuación ante casos de violencia laboral ni un sistema de prevención de riesgos psicosociales, como marca la ley de prevención de riesgos laborales.
Es una norma que ve la luz en un momento de crisis, donde se mira con lupa la productividad en todos los ámbitos y, además, las relaciones se pueden enrarecer más de lo habitual.
Las últimas encuestas sobre las condiciones de trabajo cifran en un 6% las personas que sufren algún tipo de violencia laboral, concretando que los sectores más afectados son la sanidad o la educación.
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