D. N. M. | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Mariangélica Sánchez Pavelic es una de las trabajadoras de UGT-Canarias acogidas a la baja “voluntaria e incentivada”. Pero ella asegura que se sintió obligada por las presiones recibidas.

Comenzó hace cinco años en La Palma. Sus contratos siempre han sido de apoyo a la ejecutiva y a media jornada. En 2007 se trasladó a Tenerife. Ejerció en el departamento de Formación hasta que la destinaron a la Secretaría de Comunicación. Ahí surgieron los “problemas”, relató ayer.

“En Tenerife empecé a ver cosas asombrosas, y me enteré de otras muchas que no puedo denunciar por falta de pruebas”, contó Mariangélica Sánchez.

“Un día de este año, me llamaron para que firmara unos papeles donde figuraban unas actividades que supuestamente yo había realizado, cuando curiosamente estaba de baja médica”. Según ese documento, se había reunido “con fulano”, había sido “directora del instituto tal” y “manejaba archivos” de Fundescan. “Nada de eso hice”, aseveró la empleada de UGT.

Negarse fue su perdición. “Exigí explicaciones y me amenazaron con represalias”, evocó. Un delegado de personal se ofreció como testigo. El tesorero le respondió que es “habitual” en la organización que, cuando se daban subvenciones para formación, a los trabajadores se les impute una parte.

En marzo, al circular el expediente de regulación, “mi propia jefa me transmitió que desde la dirección regional harían todo lo posible para echarme”, reveló Sánchez. “Como sabía que me iban a despedir de cualquier modo, opté por la indemnización de los 37 días en vez de los 21”.