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A exposición pública, de nuevo, el Complejo Ambiental de Mazo

   

DIARIO DE AVISOS | MAZO

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha publicado de nuevo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el anuncio de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Ejecutivo autónomo que somete una vez más al trámite de audiencia a los interesados el expediente administrativo iniciado para otorgar al Cabildo Insular de La Palma la autorización ambiental integrada al proyecto del Complejo Ambiental de Tratamiento de Residuos de Los Morenos, en Mazo.

El proyecto, que ya fue sometido a trámite de audiencia hace unos meses, vuelve a someterse a éste proceso por estar incompleta la documentación obrante en el expediente administrativo. La Consejería de Medio Ambiente entregó a finales de marzo las instalaciones al Cabildo, tras casi una década de ejecución, pero de momento no se han puesto en marcha. Estas instalaciones han supuesto una inversión de 9 millones de euros y en ellas se tratarán unas 40.000 toneladas de residuos al año. El anuncio publicado en el BOC indica que los interesados y, particularmente, los colindantes de la parcela donde se promueve el programa de actuación tendrán a su disposición el expediente administrativo y el proyecto técnico durante el plazo de 15 días, contados a partir de mañana, 07 de junio de 2011, en las sedes de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, y en el Ayuntamiento de Mazo, en la Palma.

La AAI es una autorización que deben tener aquellas empresas que realizan actividades industriales contaminantes y que aglutina y sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales existentes hasta la puesta en marcha de esta herramienta de control ambiental. Esta autorización es el principal instrumento recogido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación.

El objetivo de esta normativa es reducir la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, con el propósito de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. Este instrumento administrativo sustituye a determinados permisos ambientales, como son el de producción y gestión de residuos.