Desmantelan en Tenerife una red que facilitaba ‘papeles’ a inmigrantes

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Doce personas -tres españolas y nueve extranjeras- han sido arrestadas en Tenerife como miembros de una red que tramitaba permisos de residencia y trabajo con contratos falsos, según ha informado en un comunicado el Cuerpo Nacional de Policía.

La denominada ‘Operación Chicle’ ha sido llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional adscritos al Grupo I de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (U.C.R.I.F.) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en colaboración con el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Sur de Tenerife.

La organización estaba dirigida por A.L.G.R., quien regentaba una Asesoría-Gestoría en la zona de las Galletas. Aprovechando su actividad habitual, mantenía relación con empresas del sur de la isla, utilizando las mismas para facilitar contratos de trabajo y elaborar los trámites necesarios en la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, para que los ciudadanos extranjeros en situación irregular pudieran obtener la residencia legal.

Asimismo, si se encontraban ya en España, o bien, venir a territorio nacional con un visado estampado en su pasaporte, por el Consulado de España en su país de origen, que les autorizara a trabajar y residir en España.

Cuando los ciudadanos extranjeros se encontraban en España, pagaban por estos contratos unos dos mil (2.000) euros, adquiriéndolos a sabiendas de que no iban a trabajar, sino que estaban comprando “su residencia legal en España”.

Ya con la tarjeta de residencia en su poder, debían abonar los gastos de los seguros sociales durante el tiempo que hubieran permanecido dados de alta en la Seguridad Social, para poco tiempo después ser dados de baja de la empresa, sin haber llegado a trabajar nunca para la misma.

La mayoría de los dueños de estas empresas, no eran conocedores de estas actividades, no así el llamado J.C.R.S.B., que colaboraba activamente con el cabecilla de la organización, poniendo su empresa a disposición de éste, para formalizar las ofertas de empleo de los ciudadanos extranjeros irregulares, obteniendo con ello elevados beneficios económicos.

Otro miembro de la organización, M.J.R., era la persona encargada de captar a ciudadanos, en su mayoría cubanos, en su país de origen y ponerles en contacto con el gestor, para que les facilitara la entrada en España. En este caso, el precio de los trámites oscilaba entre los 3.000 y 4.000 euros.

Los extranjeros que eran traídos desde sus países de origen, descubrían cuando llegaban a España que no iban a trabajar para la empresa que fueron contratados, teniendo en algunos casos, que buscar trabajo por su cuenta en otros sectores para poder afrontar los costes de su Seguridad Social, con estas empresas.

Durante el transcurso de la investigación se pudo determinar que al menos, ciento cinco (105) ciudadanos extranjeros, habían intentado beneficiarse de los contratos fraudulentos confeccionados por el principal investigado, de los cuales unos setenta (70) consiguieron su objetivo, regularizando su situación en España y, de éstos, veinte (20) fueron traídos desde Cuba consiguiendo, gracias a los contratos fraudulentos, la Autorización de Residencia y Trabajo inicial.