Los editores de diarios denuncian los recortes en libertad de expresión

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) ha denunciado esta semana enérgicamente la espiral de recortes en las libertades de expresión e información que el Gobierno intenta aplicar reiteradamente a los periódicos en los últimos meses.

Escalada

A juicio de los editores, el último paso de esa escalada ha sido el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que el Gobierno aprobó el 28 de mayo viernes para su remisión a las Cortes.

El texto en cuestión no atiende a ninguna de las alegaciones que los editores hicieron llegar en marzo pasado tanto al vicepresidente del Gobierno como a los ministros de Presidencia y de Sanidad, y que remitieron también al Consejo de Estado. El artículo 22 del citado proyecto de ley establece que todos los medios de comunicación respetarán el derecho a la igualdad de trato, evitando toda forma de discriminación en el tratamiento de la información, en sus contenidos y su programación. La Asociación de Editores de Diarios Españoles ha expresado reiteradamente su oposición a ese artículo, al entender que vulnera la jurisprudencia constitucional sobre las libertades de expresión, información, ideológica y religiosa y sobre el derecho de asociación, entra en conflicto con la libertad individual y contraviene la libertad del autor a la hora de presentar hechos objetivos bajo el prisma del interés para el lector.

Poder Judicial

Además, los editores subrayan que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha destacado la falta de concreción en el proyecto de ley a la hora de definir las conductas sancionadas por discriminatorias, lo que dificulta su efectiva aplicación, y tendría como resultado el contrasentido jurídico de que el predominio de la igualdad limitaría los demás derechos fundamentales que reconoce la Constitución. Por otra parte, estiman que la discriminación ilícita, que es la que debería perseguirse en una ley de este tipo, está circunscrita por la Constitución a ámbitos muy definidos, y sus límites deberían orientarse “hacia la actuación de los poderes públicos, ya que el objetivo es, precisamente, lograr que no se menoscaben las libertades fundamentales de las personas y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Modificaciones

La Asociación de Editores de Diarios Españoles ha señalado también que el actual proyecto de ley modifica indebidamente el peso de la carga de la prueba, favorece las actuaciones de excepcionalidad ante la restricción o interrupción de prestación de servicios o la retirada de datos de páginas de Internet, y recurre a la vía sancionadora con multas muy onerosas, de procedimientos inciertos y no convenientemente tipificadas.

Los editores censuran la propensión del Gobierno español a aplicar discriminaciones y recortes administrativos a los contenidos de los periódicos, amparados por derechos fundamentales tan esenciales como la libertad de expresión y de información, y cuyo adecuado uso ya está suficientemente tipificado y protegido por la legislación nacional e internacional sobre libertad de expresión.