Salgado afirma que el fondo para el despido se aplazará un año

Imagen de archivo de la vicepresidenta segunda del Gobierno central, Elena Salgado. | EFE

AGENCIAS | Madrid

La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, dijo ayer que el Gobierno aplaza un año “de momento” la puesta en marcha de un fondo de capitalización para el despido, similar al austríaco, porque exigiría una subida de las cotizaciones sociales o un aumento de recursos en los presupuestos.

En una entrevista en TVE, Salgado se refirió a la entrada en vigor de ese fondo, que, según el texto de la reforma laboral, debería estar en funcionamiento el 1 de enero de 2012.

El fondo de capitalización es un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido o de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación.

Salgado indicó que un estudio elaborado por expertos para el Ministerio de Trabajo señala que es mejor aplazar la entrada en vigor de ese fondo para más adelante, de momento un año.

En cuanto a la situación de España, admitió que aún se encuentra dentro de los países con “desequilibrios macroeconómicos”, pero aseguró que, “aunque faltan cosas por hacer”, el país está mejor que hace unos meses, y añadió que es la zona del euro en su conjunto la que está en “el punto de mira”.

El coste de bajar el IRPF

Por otra parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) afirmó ayer que una rebaja del IRPF destinada a impulsar la economía, hasta alcanzar el crecimiento del 2,5% necesario para iniciar la creación de empleo neto, tendría un coste recaudatorio de 25.000 millones de euros. Es decir, supondría una reducción del 35% de los ingresos previstos en este impuesto para este ejercicio

Así lo ponen de manifiesto los profesores Victorio Valle, José Félix Sanz y Desiderio Romero en el número 222 de Cuadernos de información económica de Funcas, donde consideran que una rebaja fiscal en este sentido supondría un “coste excesivo”, que acentuaría el déficit “absolutamente inabordable” que soportan las administraciones públicas. Añaden, además, que si se redujeran también los gastos públicos, el efecto de una rebaja impositiva se vería fuertemente mermado y, bajo ciertos supuestos, incluso podría tener un “efecto global contractivo”.