DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El conflicto desatado entre algunos trabajadores de la UGT en Canarias y la ejecutiva regional a raíz de la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) adopta tintes dramáticos. Este lunes, una de las despedidas forzosas -nueve de las catorce rescisiones son “voluntarias e incentivadas”- acudió a la Inspección de Trabajo en Santa Cruz de Tenerife para registrar una denuncia por “persecución y acoso moral en el trabajo”.

En su escrito, Miriam Pérez Mendoza también solicita que se investiguen las “irregularidades” en el proceso del ERE extintivo. Además, expone que ha sido víctima de un “gran atentado a la libertad de expresión”.

Dos compañeros de Gran Canaria se han dirigido igualmente a la Inspección de Trabajo.

Este periódico publicó el jueves 2 de junio unas declaraciones de Miriam Pérez, amplificadas luego por Radio Club Tenerife (cadena SER). Al día siguiente era “consciente” de que estaba siendo “vigilada y acosada”. Ese mismo viernes, su médico le prescribió una baja por “ansiedad e hipertensión”.

Pérez relata que “dirigentes de diversas organizaciones” le avisaron de que en UGT “se habían puesto de acuerdo para controlar” sus “movimientos”. Sindicalistas de su confianza la alertaron incluso de que los comentarios iban en la línea de que “nunca” debió traspasar la frontera de lo políticamente correcto.

Pero, lejos de rendirse, los “ataques” la han enfurecido aún más: “No voy a parar. Ahora más que antes, tengo fuerzas para luchar contra el ERE extintivo y me siento con más autoridad moral y sindical para pedir la dimisión de Gustavo Santana [el secretario general de UGT-Canarias]. Esto no ha hecho más que empezar. Utilizaré todas las herramientas disponibles y emprenderé las acciones jurídicas oportunas en contra de cualquier atropello a mis derechos”.

En estas circunstancias, la trabajadora reta a Santana “o a otro miembro de la ejecutiva regional” a un debate público sobre el ERE. Y puntualiza que no está en contra de las siglas históricas de UGT. “Soy sindicalista y ugetista”, apostilla. “Lo que pretendo es que se vaya la ejecutiva”, insiste. “No soy solo una trabajadora de la UGT, sino una afiliada y una sindicalista”.

Miriam Pérez agradece las “numerosas muestras de apoyo” recibidas últimamente y anima a los dirigentes de Tenerife a posicionarse abiertamente. Dos de las federaciones más potentes (FSP y FES) ya han cuestionado determinados aspectos del ERE.

En Gran Canaria, un asalariado ha trasladado a la Inspección su queja ante el “hecho” de que “desde la Comisión Ejecutiva Regional” se le “impide” ejercer sus funciones “sin ningún motivo o razón que lo justifique”. En esta situación, subraya, “miles de formularios provenientes de distintos organismos (federaciones y uniones insulares) se han amontonado en mi mesa”. Según su argumentación, en abril planteó esta anomalía a sus superiores y ha obtenido “la callada por respuesta”. Tales “evidencias” le hacen sospechar que la finalidad es dejarlo “sin trabajo efectivo que realizar” y crear una “atmósfera favorable” a su incorporación al ERE.

Mientras, la dirección del sindicato ha aplazado hasta septiembre la convocatoria del Comité de Gestión, previsto para este mes de junio.