Veintiún maltratadores llevan en las Islas dispositivos telemáticos

Los dispositivos telemáticos se pusieron en marcha hace dos años. | DA

FRAN DOMÍNGUEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Un total de 21 víctimas de violencia de género en Canarias llevan, a fecha de 31 de mayo, dispositivos telemáticos de control, según informó ayer a DIARIO DE AVISOS Concepción Espejel Jorquera, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos dispositivos telemáticos, impulsados en 2009 por el entonces Ministerio de Igualdad, se implantan tanto en la propia víctima como en el maltratador (por lo tanto, hay otros 21 aparatos instalados en los agresores) con el objetivo de cumplir las órdenes judiciales de alejamiento.

Espejel, en el marco de las XX Jornadas de Vigilancia Penitenciaria, que ayer se clausuraron en el Puerto de la Cruz, comentó que hay alrededor de 900 brazaletes en el territorio nacional, de las que unos 200 se han activado en Madrid. “Hasta la fecha no hemos detectado casos en las Islas de víctimas que, llevando el dispositivo, hayan padecido una situación violenta”, remarcó la representante del Poder Judicial.

1.767 sentencias condenatorias

Paralelamente en Las Palmas, y abundado en más datos, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género adscrito al CGPJ, Inmaculada Montalbán, señaló que en 2010 se dictaron 1.767 sentencias condenatorias por violencia de género, y que ese año se presentaron 8.326 denuncias en las Islas. Del mismo modo, la también vocal del Poder Judicial advirtió de que el número de denuncias registradas en 2010 supone una disminución del 7,3% respecto al año anterior, si bien subrayó que se ha reducido el número de mujeres que se retiran del procedimiento.

En cuanto a las XX Jornadas de Vigilancia Penitenciaria, con asuntos relacionados con esta temática, entre sus conclusiones se destaca que debe agilizarse la aprobación del protocolo en trámite relativo al control telemático y dispositivos GPS para la ejecución de las penas de prisión, “tanto en los casos en que se haya impuesto la pena de prohibición de acercarse y/o comunicar con la víctima o de residir en determinados lugares, como cuando lo requieran las circunstancias del hecho y las personas”. Según consideran los más del centenar de jueces y magistrados que se dieron cita en el encuentro del Puerto de la Cruz, estos controles “pueden imponerse como condición en las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria y de la Administración Penitenciaria que autoricen los permisos de salida ordinarios conforme a la normativa vigente y para el acceso al tercer grado”. Esta parte de las conclusiones de las Jornadas de Vigilancia Penitenciaria incide en que “se echa en falta una mayor coordinación entre las administraciones a cuya disposición se encuentran los sistemas telemáticos y GPS para una aplicación efectiva de los mismos”.

[apunte] wEl Ministerio de Igualdad (área de Igualdad, ahora integrada en Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) presentó hace dos años un sistema de prevención de maltratos en el ámbito de la violencia de género, basado en dispositivos telemáticos. Así, el maltratador que esté así considerado por mandato judicial y en base al requerimiento correspondiente llevará dos aparatos: uno de para localizar su posición vía GPS (Global Positioning System, sus siglas en inglés, o lo que es lo mismo, Sistema de Posicionamiento Global), y el otro mediante un brazalete o pulsera que emite una señal de radiofrecuencia que controla e impide que el agresor se aleje de su localizador. Del mismo modo, este aparato alerta a la víctima si se aproxima a medio kilómetro. Por su parte, la mujer maltratada lleva a su vez localizador, que tiene conexión con un centro de control. Este servicio, operativo las 24 horas, sabe si el maltratado manipula su aparato y se acerca a la víctima mediante los localizadores GPS de ambos. También el centro de control conoce si la usuaria da la alarma a través de un botón. Desde este lugar, que gestiona una empresa de seguridad, se avisa de manera urgente a las fuerzas policiales y agentes del orden que deben acudir cuanto antes en defensa de la víctima. En un primer momento, y cuando se dictó la medida, se emitieron unos 3.000 dispositivos telemáticos destinado a la protección de maltratadas. [/apunte]