Acuerdo para ‘asegurar’ Santa Lucía-Los Barrancos

NORBERTO CHIJEB | GÜÍMAR

El alcalde de Güímar, Rafael Yanes se mostró satisfecho de los resultados obtenidos después de las dos reuniones que mantuvo ayer, tanto en el Cabildo como en la Subdelegación del Gobierno, para tratar de paliar las dificultades que viven en la actualidad el centenar de vecinos de Santa Lucía-Los Barrancos, un núcleo urbano en el litoral de Agache que ya no solo corre peligro por estar dentro del límite marítimo-terrestre que delimita Costas, sino por la propia inseguridad de muchas de sus viviendas tras el derrumbe ocurrido hace dos meses en una cueva natural, que llevó al desalojo, en un principio, de una veintena de viviendas.

El alcalde guimarero se reunió con el consejero accidental de Carreteras del Cabildo, José Antonio Valbuena, para solicitar la protección de la TF-616 que se vio afectada por los citados derrumbes. En la reunión también estuvieron presentes la primera teniente de alcalde, Carmen Luisa Castro, el concejal de Costas, Carlos Guanche, y la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, presidida por José Herrera. El consejero se comprometió a derivar el caso a los técnicos del Cabildo con el objetivo de actuar de forma inmediata en la zona, algo que el alcalde considera vital porque “se trata además de una vía de servicios de la TF-1”.

La misma comitiva guimarera mantuvo una reunión con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Batista, y el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, para mostrarles el estudio geotécnico que se ha realizado sobre la zona de Santa Lucía. Dicho estudio revela que se deben desalojar catorce viviendas más de las veinte ya precintadas. El estudio también indica las medidas de seguridad que se deben llevar a cabo en la zona afectada para evitar nuevos desprendimientos, que van desde el mallado hasta el reforzamiento de la pared. El problema radica en que estas obras no se pueden llevar a cabo hasta obtener la autorización de la Dirección General de Costas. Carlos González se comprometió a analizar el estudio geotécnico con el servicio jurídico de la Demarcación para determinar las medidas de seguridad que se pueden llevar a cabo en la zona.