El juez ve indicios de una trama de comisiones ilegales en Urbanismo

VICENTE PÉREZ | ARONA

El auto por el que el juez Nelson Díaz cierra la instrucción del caso Arona ha detectado indicios de una trama de comisiones ilegales en Urbanismo en la que presuntamente participaron Félix Sierra (del PP, edil del área entre 1999 y 2003, y de Patrimonio hasta 2007), el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa; y el arquitecto técnico del Ayuntamiento aronero Roberto de Luis, entre otros, a quienes se imputa un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias y un tercero de prevaricación.

En cuanto a Sierra, según el auto, la Guardia Civil detecta “un incremento patrimonial muy importante” durante su etapa de concejal, con “ingresos atípicos no declarados” de entre 250.000 y 350.000 euros, y propiedades que incluyen dos viviendas, una parcela urbana, 20% de una finca rústica recalificada a urbanizable, dos locales comerciales, una oficina, participaciones en tres sociedades mercantiles y tres coches (uno de alta gama).

Por tanto, el juez estima que este “sospechoso” enriquecimiento “podría provenir” de comisiones ilegales. De hecho, un sobrino de Roberto de Luis, implicó a su tío en la trama y testificó que él “comentó en numerosas ocasiones que pagaba dinero frecuentemente” a Sierra “para asegurarse” su voto en la Junta de Gobierno para la concesión de licencias de obra, a razón de “medio millón de pesetas cada vez”, según el relato judicial.

Por lo que respeta a Eliseo de la Rosa, habría solicitado 36.000 euros al empresario José Ramón Ansorena (que grabó la conversación) para dar una licencia de obra mayor, y , junto con el arquitecto Arsenio Zamora (también imputado por ello) 270.000 euros para obtener un informe urbanístico favorable a la concesión de una licencia de una obra en Costa del Silencio. El constructor se negó a pagar, por lo que Eliseo de la Rosa le amenazó con no dársela “jamás” tras lo cual el Ayuntamiento le paralizó las obras, expediente que salió adelante luego después de que Ansorena advirtiera de que haría pública la grabación.

De acuerdo con los hechos descritos por el juez, Roberto de Luis “habría impuesto a diversos constructores, empresarios y propietarios de parcelas” que “acudiesen al arquitecto Zenón Rodríguez Neris para encargarle la redacción de los proyectos, y, en menor medida, a los también arquitectos Antonio Luis Pablo González Tolosa y Jorge Menéndez a cambio de que éstos le abonasen el 20% del precio” que cobrasen por estos encargos. Para el cobro de estas comisiones De Luis y su esposa “crearon la entidad mercantil Cram 4 SL”. La investigación judicial descubrió un “inusitado patrimonio” adquirido por De Luis mientras fue aparejador municipal: cuatro viviendas (incluido un piso en Madrid), un local comercial, un solar, una plaza de garaje y cuatro coches de gama alta.

El juez aprecia indicios de que Zenón Rodríguez, Antonio Luis Pablo y Jorge Menéndez “se concertaron” con el referido arquitecto técnico municipal para esta trama, por lo que les atribuye un delito continuado de cohecho y tráfico de influyencoas.En el caso de Menéndez, pagó a De Luis desde 1992 hasta 2001 “entre 200.000 y 300.000 pesetas” por cada cliente que éste le remitía, según el auto.

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Los concejales de CC recurrirán el auto

Los concejales y ex ediles de CC imputados, entre ellos el alcalde, José Alberto González Reverón, recurrirán el auto del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona en el que se da por cerrada la instrucción del caso Arona, se mantienen las imputaciones a 30 personas (por delitos de prevaricación, y, en algunos casos tráfico de influencias y cohecho) y se emplaza a la Fiscalía a formular escrito de acusación o de sobreseimiento, paso previo a la apertura o no de juicio oral. Así lo confirmó ayer el portavoz municipal de CC, Antonio Sosa (y también imputado en esta causa), quien se limitó a comentar: “Vamos a presentar recurso. Estamos contentos de que la instrucción haya finalizado pues queremos que esto acabe cuanto antes”.

Por otra parte, Sosa aclaró que el alcalde no se encuentra imputado por cohecho, como por error ha publicado este diario. En efecto, en la parte dispositiva del auto dictado el pasado 15 de julio y divulgado ayer por el Tribunal Superior de Canarias, se dispone “continuar la tramitación de las siguientes diligencias previas por los trámites de procedimiento abreviado por si los hechos imputados a José Alberto González Reverón fuesen constitutivos de un delito continuado contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística, de un delito continuado de tráfico de influencias y de otro de prevaricación”, tras lo cual se abre una lista de hasta una treintena de imputados con sus correspondientes cargos. Contra el auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días, y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.

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