VICENTE PÉREZ | ARONA

El alcalde de Arona, José Alberto González Reverón (de CC), rompió ayer su silencio sobre el auto que pone fin a la instrucción del caso Arona, que le mantiene imputado junto a otras 30 personas, al proclamar su inocencia y la de sus compañeros de partido, al tiempo que anunció que recurrirá la resolución judicial “para buscar una Justicia justa”.

“Rechazamos y discrepamos absolutamente de este auto judicial, no lo compartimos y no nos sentimos para nada identificados con él”, manifestó el regidor municipal de CC tras izar la Bandera Azul en la playa de Las Vistas acompañado de otro de los imputados, el exedil de Urbanismo y ahora de Medio Ambiente, Antonio Sosa.

Reverón insistió en la tesis que lleva defendiendo desde que se comenzó a instruir esta causa: que las actuaciones investigadas “tendrían que estar en un contencioso administrativo, y no entendemos que tengamos la responsabilidad penal porque no se ha cometido ningún delito”.

Muy distintas son, sin embargo, las conclusiones del juez instructor, Nelson Díaz Frías, quien en el auto dictado el 15 de julio ve indicios de tres tipos de delito en el proceder del alcalde. Por un lado, uno continuado de prevaricación urbanística, al votar a favor, junto al resto de la Junta de Gobierno, de dar 200 licencias con informes jurídicos desfavorables (en el mandato 2003-2007); así como de 77 adjudicaciones de obras menores con informe negativo del secretario y del interventor municipales, “con el fin de evitar sacar a concurso o licitación públicas dichas obras y favorecer, principalmente a cuatro empresas”, según el auto.
Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona le imputa tráfico de influencias y prevaricación por “prevalerse de su condición de alcalde” para que el Cabildo modificase el planeamiento insular sobre Cabo-Blanco Buzanada y salvara una casa ilegal del edil de Seguridad Ciudadana Manuel Reverón (también de CC) sobre la que pesaba una sanción de 150.000 euros y orden de derribo.

Asimismo, el juez atribuye al alcalde haber intervenido para que la Cámara de Comercio emplease como técnico a un pariente suyo; para que un funcionario interino del Ayuntamiento ganase una plaza en la Policía Local; para que una serie de personas fueran contratadas en la entonces concesionaria de servicios municipales Camilo Álvarez y Clusa; y para dar una plaza de guardería al hijo de un amigo de su hijo, a pesar de que los padres del menor habían falsificado un documento para hacer ver que no vivían juntos.

En todos estos casos el juez se apoya en las grabaciones interceptadas al alcalde por orden suya con la exconsejera insular de Planificación, Pino de León (CC); Vicente Dorta (exdirector general de la Cámara de Comercio, imputado); Hortensia María García (exsubinspectora de la Policía Local, imputada); Ángel Artillo de Los Ríos (exjefe de servicio y contratación de Camilo Álvarez y Clusa, imputado) y Milagros Jesús Suárez (directora de la guardería municipal de Buzanada, imputada).

La investigación se inició en 2006 a partir de que el PSOE, encabezado por Francisco Santamaría, pusiera en conocimiento los hechos en Madrid ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

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Hotel “gratis”

El juez también refiere un supuesto trato de favor del alcalde a la empresa del Hotel Sir Anthony al permitirle obras de reforma sin licencia, a cambio de disponer de habitaciones gratis para su uso privado. Según el auto judicial, el Ayuntamiento nunca ordenó suspender las obras a pesar de que un inspector urbanístico municipal levantó acta sobre su ilegalidad. La técnico del Ayuntamiento testificó ante el Juzgado que no supo qué paso para que no se ordenase paralizar los trabajos. Por ello, el juez sostiene que Reverón “habría cometido un delito de tráfico de influencias en concurso con otro de prevaricación por omisión al ser conocedor de la ilegalidad de la obra mayor y hacer dejación de sus funciones y competencias, a la vez que se habría estado beneficiando del uso y desfrute de habitaciones de dicho hotel para uso privado y reservado, y por las que no consta que abonara precio alguno”.

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