Ser político y ¿parecerlo?

ÁNGELES RIOBO | SANTA CRUZ DE TENERIFE

¿Los políticos tienen la obligación de llevar una vida privada ejemplar? ¿Hasta qué punto ésta debe repercutir en su vida pública? ¿Realmente puede separarse la vida privada de la pública? Si es así, ¿dónde está el límite? ¿Es lícito que ser un representante público acarree beneficios en la esfera personal?

No es de extrañar que buena parte de los lectores se haya planteado estas y otras cuestiones a tenor de la actualidad de la semana, marcada por escándalos protagonizados por reconocidos miembros de la clase política del país. Obviando el asunto de las corbatas, que ha copado por varios minutos la última sesión del Congreso de los Diputados, donde en teoría se decide sobre cuestiones primordiales para el desarrollo del país; la extraña pinta de las hijas de Zapatero, la reciente visita a un burdel de Casimiro Curbelo en compañía de su hijo, y su posterior trifulca con Policías Nacionales (según el atestado policial), o las amistades peligrosas del popular Francisco Camps quien, según un juez, acepta regalos millonarios en forma de trajes a cambio de no se sabe qué… son algunas de las numerosas situaciones en las que se cuestiona la vida privada de los políticos desde un punto de vista ético, moral (y estético, en el caso de las corbatas, claro).

El catedrático Filosofía Moral de la Universidad de La Laguna (ULL), Gabriel Bello sostiene que el corte binario entre la esfera privada y la pública de las sociedades liberales “es un mito” pues ambos espacios se implican mutuamente. “El deseo de abortar de una mujer es algo privado, pero también es político porque ha de ajustarse a la Ley”.

Aún así en Europa existe cierta condescendencia con el ámbito privado (no así en los EE.UU. con el comportamiento sexual, por ejemplo), que pasa a ser público en caso de escándalos. Según el especialista los escándalos con aspectos privados se producen cuando conllevan algún componente ilícito como el de supuesta agresividad en el caso de Curbelo. “En estos casos se produce una pérdida de credibilidad moral, y cuando se pierde la credibilidad moral, también se pierde la credibilidad política, que es lo que le sucede al señor Camps en este momento”, alude y explica que supuestamente la corrupción pertenece a la esfera privada, pero tienen una incidencia pública si se emplean fondos públicos para intereses privados.

Respecto a la esfera privada en sí, Bello responde que es recomendable que los políticos sean sujetos  de credibilidad y en los que podamos confiar. “Pero no existe un termómetro que mida la confianza así que apelo a la pedagogía política de los ciudadanos”, considera.

“Si el político hace mención y defensa de unos valores determinados en su vida pública, ha de ser congruente con esos valores en su vida privada” apunta el licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y profesor de la ULL Antonio Adelfo Delgado quien ejemplifica que no puede haber alguien que promocione la lucha contra la violencia de género y que en su vida privada  maltrate a su mujer, u otro que haga campaña contra la drogadicción y luego consuma drogas. “Los  mínimo que se les exige es congruencia entre los valores personales y los públicos”.

“No se les exige tanto que den ejemplo como que sean congruentes con lo que predican -afirma el profesor- quien apunta a la existencia de casos en los que ciertas actitudes privadas perfectamente legales puedan causar rechazo en los votantes. En estos casos su vida privada puede afectarle políticamente,  con la pérdida de votos.

Delgado aporta un inevitable ejemplo de actualidad. “Acudir a un prostíbulo legal acompañado de un hijo es un comportamiento legal de carácter privado que nos podrá gustar más o menos porque no existe una moral única. Lo que sí debería suscitar el rechazo total del ciudadano es el uso que se pueda hacer de la condición del político para tratar de evadir ciertas normas o sacar provecho (como el hecho de acudir en un taxi pagado por el Senado)”.

Ver a un atleta saliendo borracho perdido de una discoteca a las 5 de la mañana no es algo propio ni edificante, lo mismo que para un político

En líneas generales existe cierto consenso en que no solo los políticos sino todos quienes tienen alguna relevancia pública, han de de llevar una vida ejemplar a todos los niveles, y ser muy cuidadosos en su conducta porque son los espejos en los que se mira la sociedad. Esta afirmación es válida tanto para los políticos como para actores, jueces, profesores curas, futbolistas.

De hecho los deportistas suelen ser un ejemplo para los más jóvenes, que se fijan en cómo actúan, cómo visten, cómo se expresan y en su modo de vida.  Así que ver a un atleta saliendo borracho perdido de una discoteca a las 5 de la mañana no es algo propio ni edificante, lo mismo que para un político.
En muchos ciudadanos tienen la sensación cierta impunidad en la clase política, y es que en el caso de los delitos penales la condición de político sí que es diferente del resto de los mortales, aunque, al parecer, no necesariamente más ventajosa. Casimiro Curbelo, acusado de atentar contra la autoridad, renunció a su fuero parlamentario aludiendo “querer ser juzgado como un ciudadano más”.

Sin embargo, el doctor en Derecho de la ULL y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Luis Prieto, cree que esta renuncia “es solo un gesto político”. Reconoce que las causas penales de senadores y diputados nacionales o autonómicos no son instruidas en juzgados de instrucción como las del resto de los ciudadanos, “pero esto no implica ninguna ventaja a efectos legales, es la misma aplicación de la Ley por tanto la pena es la misma” sostiene.

Siempre y cuando el proceso judicial sea autorizado por la cámara a la que pertenecen, de las causas penales de senadores, y diputados del Congreso se encarga el Tribunal Supremo (TS) mientras que de los casos de los diputados autonómicos lo hacen los Tribunales Superiores de Justicia de su propia Comunidad Autónoma.

Una de las supuestas ventajas de estos fueros es que algunos altos cargos como el presidente del Gobierno o los Ministros pueden efectuar las declaraciones como testigos etc. por escrito, desde su despacho “pero desde que son enjuiciados se someten al mismo juicio oral que cualquier otro ciudadano, solo que no en un juzgado de instrucción sino en el TS”, expone el letrado, “por lo que las ventajas procesales son muy pocas”.

Ya en sala, una de las particularidades más destacables es que mientras que en un juzgado de instrucción decide un juez, en un Tribunal Superior deciden al menos tres jueces “por lo que puede ofrecerse un criterio más consensuado, aunque tan objetivo como cualquier otro proceso”. En el caso del Supremo el órgano colegiado puede llegar hasta los cinco jueces. Aún así Luis Prieto defiende que todas las sentencias se dictan con objetividad, y en cualquier caso son revisables y pueden ser recurridas.

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