BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, no contempla que el Gobierno estatal saliente de las elecciones generales de noviembre no mantenga las inversiones en carreteras y las subvenciones al transporte porque es un derecho de la Comunidad Autónoma.

-Ya han comenzado a elaborar los presupuestos de 2012. ¿A cuánto asciende el recorte de su departamento?

“No estoy haciendo ninguna cábala sobre eso porque sería ponerse la venda delante de los ojos antes de tiempo, pero, sobre todo, darse por vencido en una cuestión que es bastante importante, como es mantener la reivindicación de que el dinero de las obras que están en los convenios con el Estado en infraestructuras se mantengan. Hasta ahora se ha conseguido. Trabajo con la hipótesis de continuar con ese nivel de inversión. Ya veremos si nos plantean algún problema, pero sería muy grave. Hay que recordar que no es una cuestión graciosa, sino un derecho que tiene Canarias porque, en el Régimen Económico y Fiscal, está que las obras de interés general tienen que ser satisfechas por el Estado. Esperamos y vamos a trabajar para que el Estado no recorte ese ritmo de inversiones de Canarias, para que cumpla los convenios”.

-Si el PP gana las elecciones generales, reformarán los presupuestos prorrogados de Zapatero. ¿Qué van a hacer?

“Los compromisos, los acuerdos de un gobierno vinculan al siguiente. Pueden venir coyunturas que obliguen a renegociar, pero eso no significa que se pueda llegar, de la noche a la mañana, a hacer un recorte. El convenio en carreteras y los acuerdos de financiación de los transportes son innegociables porque están negociados ya. Su mantenimiento va a ser sumamente importante para nosotros. Otra cosa es que se puedan introducir mejoras”.

El convenio en carreteras y la financiación al transporte son innegociables”

-¿De cuánto hablamos: 160 millones más en obras?

“Estamos en torno a los 200 millones anuales, pero el principal es el de carreteras. Luego están el de aguas y el de costas. Este último tenemos que renegociarlo porque es muy importante, ya no solo el convenio en sí, sino las competencias. Se ha visto que, sin las competencias, es muy difícil tener una buena gestión del dominio público marítimo-terrestre y sus áreas de influencia (las zonas de protección y servidumbre). En esas competencias se incluyen además las políticas portuarias, las inversiones en puertos. Queremos desatascarlo para tener las competencias en costas como las tienen los andaluces y los catalanes. Existe una resolución parlamentaria en el que se insta al Gobierno a que produzca la transferencia en los mismos términos que Cataluña y Andalucía”.

-Lo que ocurre es que se les va a ir media legislatura para cuando se sienten a negociar esa transferencia con el nuevo Gobierno central…

“Estamos negociando con el actual, no tiene por qué dilatarse. No tiro la toalla al pensar incluso que, antes de que se celebren las elecciones, pudiéramos tener esa competencia. Dos meses dan para mucho si se trabaja con intensidad”.

Tenemos que hablar para tener las competencias en costas”

-Con independencia de lo que ocurra con los presupuestos estatales, ustedes están obligados por un plan al reequilibrio financiero que les impone una rebaja de la inversión productiva en el 33% para 2012.

“No tengo todavía ese marco presupuestario. Vamos a cumplir con los requisitos del déficit y eso nos permite también sacar la deuda y llevar a cabo la ejecución de los convenios. Hemos pasado un 2011 muy difícil y se han garantizado los servicios públicos y las obras. Así va a seguir y lo haremos en el 2012”.

-Se han garantizado, sí, pero con unos recortes muy importantes y no hay más que ver las cifras y la estadísticas…

“Vamos a ver cuánto hay que reducir. De momento no lo tengo claro”.

-¿Cómo van a promover la generación de ingresos?

“Tengo unas aéreas que, en principio, no generan ingresos, sino gastos. En transportes, nuestra política ha sido ayudar a reducir sus costes, subvencionar los billetes y el tránsito de mercancías. En materia de ordenación del territorio, no hay posibilidad, sino que, todo lo contrario, estamos apoyando a los municipios para que tengan su planeamiento, y como modo también de dinamizar la economía, con el respeto al medio ambiente. Esta legislatura va a completar, sin duda alguna, el planeamiento pendiente, que está muy avanzado. En materia de infraestructuras viarias hay que garantizar el tránsito sin pago. Ahí no hay margen para hacer ingresos. En puertos de la Comunidad Autónoma, están necesitados de mantener inversiones porque son no-dos importantes de comunicación. Además no solo tienen co-mo objetivo el tránsito de personas, sino que son pesqueros, de-portivos y, alrededor de ellos, se genera una gran actividad económica. ¿Ahí se puede tener más nivel de ingresos? Pues posiblemente, sí. Estamos estudiando el dinamismo de esos puertos, a través del ente público de puertos que pretendemos ponerlo en marcha y que sea autosuficiente, como la autoridad portuaria que tiene su plan de obras autónomo y no requiere recursos públicos”.

-¿No es cierto que estén pensando en dar concesiones para generar ingresos?

“En los puertos ya se otorgan concesiones de dársenas, de marinas. Una idea es que el ente público de puertos tenga una capacidad comercial para generar, a través de las concesiones y de las autorizaciones temporales, ingresos y actividad económica”.

-En ese esquema, ¿no entran los aeropuertos que no sean de interés general?

“En materia aeroportuaria hay dos posibilidades. La intervención de Canarias dentro del nuevo esquema de distribución competencial estatal, cuyo modelo de gestión se negociará con el Estado con la coparticipación de la Comunidad Autónoma. Además, nuestro Estatuto de Autonomía establece que somos competentes en materia de helipuertos y aeropuertos que no son de interés general. Ahí hay un margen de trabajo, de ver las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, la red de helipuertos de las Islas e incluso, por qué no, estudiaremos el tipo de infraestructuras aeroportuarias que no sean de interés general y puedan tener mercado para la aviación deportiva u otras alternativas de transporte. Sobre los helipuertos hay una cierta demanda”.

La idea es que el ente público de Puertos tenga una capacidad comercial”

-Pero el puerto de Las Palmas de Gran Canaria sí tendrá una helisuperficie, mientras que aquí, en Santa Cruz, hay problemas.

“Vamos a ejercer nuestras competencias y, en función de la demanda, vamos a ir autorizando incluso iniciativas privadas o públicas”.

-¿Y la aviación deportiva?

“En la actualidad opera en algún aeroclub como el de Gran Canaria, pero el resto está en los aeropuertos. Se quejan de que tienen unas tasas muy altas y de problemas por los requerimientos de unos y de otros. La aviación deportiva puede ser un polo importante en un sector de ocio y de turismo que puede ser importante. Hay cierta demanda que vamos a estudiar a ver si es posible arbitrar en los planeamientos. Son aeropuertos pequeños privados o del gobierno, que se pueden dar en concesión”.

-Habla de proyectos a largo plazo con una coyuntura actual en la que las inversiones disminuyen…

“Me pregunta por iniciativas que pudieran ser, no con fondos públicos, y yo le estoy diciendo que vamos a ejercer nuestras competencias para atraer inversiones. De momento no son inversiones prioritarias públicas, aunque alguna podría resultar”.

-¿Cuál es esa alguna?

“Imaginemos que fuese necesaria alguna infraestructura heliportuaria en algún lado porque hay compañías que lo demandan y nadie que lo haga. A lo mejor lo saca la Comunidad Autónoma”.

-¿Por qué no me concreta? En Las Palmas no hay problemas, pero aquí no están consiguiendo la autorización (la empresa interesada).

“Aquí no están consiguiendo esas autorizaciones, pues nosotros vamos a hacer que esas autorizaciones existan. Esa competencia de la Comunidad Autónoma la vamos a ejercer”.

-¿Y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife?

“Será a través de la Autoridad Portuaria o en otro lado. La Autoridad Portuaria no es un ente ajeno a la Comunidad Autónoma. Se entiende que las decisiones de la Comunidad Autónoma también le afectan. Entre todos acordaremos lo más conveniente. No creo que, si hay problemas de helisuperficie en Tenerife, sea por un capricho de la Autoridad Portuaria; será que hay problemas de ubicación y tendremos que arbitrar medidas. Si no puede ser en la Autoridad Portuaria, podemos habilitar otro lado”.

-Han respondido los empresarios a los objetivos de la Ley de Medidas Urgentes relativos a la consecución de un producto turístico competitivo?

“Han tardado más de lo que hubiera sido deseable, pero es verdad que, con una ley de éstas, empezar es lo más complicado. En estos momentos, está siendo muy eficiente, muy eficaz en la renovación de la planta alojativa turística y ha posibilitado tener el planeamiento adecuado, que era lo primero que reclamaban los empresarios. Hay muchos convenios firmados con empresarios para acogerse a los incentivos de la ley. Están en una senda de presentación de proyectos. Hay algún otro lugar más avanzado, como en la localidad de Tías”.

-¿Se va a retocar la ley en esta legislatura?

“No. Cada día es más comprendida y utilizada, lo que demuestra que es bastante certera. Se va a completar con una ley de armonización en materia de ordenación del territorio. Tiene dos objetivos: por un lado, armonizar toda la legislación dispersa haciendo los textos refundidos adecuados y, en segundo lugar, lo que es más importante, simplificar toda la normativa…

-El dictamen del CES fue muy duro, criticaba la inseguridad jurídica, la posible invasión de competencias…

“No estoy de acuerdo. La conclusión fue muy positiva en la simplificación y en la armonización. Solo apunta determinadas cuestiones que le plantean dudas. Voy a explicárselo de nuevo al CES”.

-¿Qué gana un privado, un empresario con esta norma?

“Los trámites para elaborar los planes generales y los insulares se van a simplificar sin afectar a requisitos básicos irrenunciables de la participación ciudadana, la información pública y la seguridad jurídica. Otra es que, para las declaraciones de impacto ambiental, se habilitarán empresas colaboradoras que se acrediten ante la administración”.

[apunte] Tindaya espera

El consejero regional de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, también respondió sobre la situación en la que se encuentra el expediente del proyecto escultórico de Tindaya. El responsable autonómico en la materia reconoció que el proceso judicial para la disolución de la empresa mixta PMMT está siendo más lento de lo esperado por el Gobierno.

El proceso judicial surge después de que la Comunidad Autónoma decidiera ampliar el capital de esta empresa y el propietario privado del 50% de las acciones, el empresario Rafael Bittini, se negara. Mientras tanto, el Ejecutivo canario, el Cabildo de Fuerteventura y la familia de Eduardo Chillida se reunirán en septiembre para tratar de dar forma a la fundación encargada de sacar el concurso de la obra. Pero hasta que no se resuelva la disolución de la firma PMMT, este proyecto no podrá comenzar a desarrollarse de forma efectiva.[/apunte]