FRAN DOMÍNGUEZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

-¿Cuáles serán sus prioridades en Justicia, teniendo en cuenta las carencias existentes en recursos humanos y materiales?

“Atravesamos un momento de dificultad en las administraciones públicas producto de la situación económica, de los recortes presupuestarios y de unos menores ingresos y, por tanto, con una necesidad apremiante de optimizar los recursos. Pero en materia de Justicia si hablamos de prioridades, la primera es la implantación de la nueva Oficina Judicial, porque la Justicia española y la canaria precisan de una acuciante modernización. Creo que ha habido un retraso importante sobre un servicio público esencial como es la justicia y ahora tenemos que fijar como prioridad su modernización, para acabar con esa lentitud exasperante que la ha caracterizado. Y ése es el reto que tiene la Consejería, implantar un plan de modernización, llevar a cabo la implantación progresiva de la Oficina Judicial y continuar con el plan de infraestructuras que está en marcha. Sobre este importante aspecto, resaltar que hay dos grandes edificios judiciales que se hallan en estos momentos en ejecución; uno es el Palacio de Justicia de Las Palmas; y el otro, el de La Laguna. La previsión es que esas dos obras estén finalizadas el año que viene, y que a lo largo de 2012 o inicios de 2013 puedan estar funcionando. Se trata de edificios que también contribuirán a ese proceso de modernización de la justicia. Luego tenemos retos importantes en cuanto a los recursos humanos: queremos que haya un continuo perfeccionamiento en la formación de los funcionarios públicos de este ámbito, especialmente en lo que se refiere al personal interino. Vamos también a procurar que se formen jueces, fiscales y secretarios judiciales canarios, y para eso vamos a mantener un programa de subvenciones con objeto de que los canarios accedan a esa importante carrera profesional. La idea es evitar la excesiva rotación en juzgados y tribunales como consecuencia de los continuos traslados a la Península y garantizar así una mayor fijeza en la provisión de puestos”.

“La modernización es la clave para acabar con la lentitud de la justicia”

-¿En qué medida van a afectar los más que previsibles recortes a la administración de Justicia?

“Va a haber recortes, eso es evidente. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy eficientes y, con los recursos que tengamos, asegurar una prestación efectiva, una prestación que esté acorde con las necesidades de los ciudadanos de Canarias. Procuraremos que los recortes afecten a aquellos gastos que no son fundamentales. Desde luego, vamos a preservar todos los gastos del Capítulo 1, del pago de la nómina de todos los empleados públicos; y el mantenimiento de los gastos corrientes, que también son importantes. Intentaremos, a pesar de las dificultades, continuar con el plan de infraestructuras judiciales. Hay algunas islas que precisan de nuevos edificios judiciales. Queremos que a lo largo de la legislatura se ponga en marcha un nuevo plan, siendo muy conscientes de que la coyuntura económica es complicada y difícil y que hay algunos proyectos que ahora hay que aplazarlos”.

-Usted, en precampaña, afirmaba que el PSOE, si gobernaba, como así ha sucedido, abogaría por una Justicia “rápida, independiente y eficaz”, algo que harían a través de la mejora de los recursos humanos y materiales… También se quejaba de la reducción del presupuesto en esta materia. ¿Sin el dinero adecuado, poco se puede hacer?

“El objetivo irrenunciable que antes manteníamos, lo mantenemos ahora: una Justicia ágil y moderna. ¿Cómo? Aquí viene el grado de dificultad, porque eso ahora hay que prestarlo con menos recursos; por eso, digo que hay que extremar la eficiencia y la eficacia. Esperamos la ayuda y colaboración de todos los agentes que se mueven en el ámbito judicial, no sólo me refiero a los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, o al personal de la administración judicial, me refiero también a los colegios de abogados, de procuradores… También creo que ayudará mucho a ese proceso de reforma los imprescindibles cambios legislativos que hay que poner en marcha. En estos momentos hay algunas leyes que son absolutamente obsoletas, como la de enjuiciamiento criminal, que es una normativa del siglo XIX, y estamos en el siglo XXI. El Gobierno de España acaba de aprobar un nuevo proyecto de ley, con una nueva regulación, pero fíjese usted el retraso: 129 años… Lo que ocurre es que no hay tiempo material de que esa ley se pueda aprobar en esta legislatura, toda vez que se han convocado ya las próximas elecciones generales, pero ese texto debe que ser la base de una profunda reforma de la administración de Justicia. El Ministerio tiene un proyecto de modernización de la justicia, que está en marcha y al que está comunidad autónoma quiere engancharse. Queremos, por tanto, tener las mejores relaciones posibles. A partir del mes de septiembre, comenzaremos a tener reuniones con los responsables del departamento porque queremos estrechamente trabajar no sólo con ellos, sino con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). He tenido la oportunidad de hablar con los responsables para Canarias de este órgano, y me parece fundamental que haya mucho dinamismo entre estas tres instituciones públicas”.

No podemos abordar ahora la obra del nuevo palacio de Justicia de Santa Cruz; estudiamos ampliar el actual

-El último informe del Consejo Económico y Social (CES) señala que la tasa de congestión judicial no da señales de mejoría en Canarias, dado que supera la media nacional; lo mismo ocurre con otros parámetros como el tiempo estimado para resolver los distintos asuntos judiciales en la región. ¿Qué acciones correctoras se contemplan?

“En Canarias tenemos un problema y es que, efectivamente, la tasa de pendencia es muy alta, de las más altas del país, y esto debe resolverse con un cambio de cultura. No todo conflicto tiene que acabar en los tribunales de justicia, y por tanto, hay que hacer reformas para impulsar otro tipo de procedimientos como, por ejemplo, los de mediación y arbitraje. Creo que nosotros tenemos que divulgar la importancia que tiene la mediación en algunos aspectos, como el familiar, que creo que está dando muy buenos resultados, pero que no son suficientemente conocidos por la población; por tanto, una parte importante dependerá de un cambio de cultura, que es necesario. También hay que buscar fórmulas alternativas. Todo eso implicará reformas y modificaciones. La vía adecuada es el fomento de la mediación y el arbitraje”.

-En cuanto al mapa de infraestructuras judiciales, que usted ha citado, hay pendientes varias obras, una de ellas el nuevo palacio de Justicia de Santa Cruz, ¿en qué situación se halla este proyecto?

“Hay un proyecto que está elaborado para construir una nueva sede judicial en Santa Cruz. Es un proyecto muy ambicioso, es un gran proyecto. Tiene un coste elevado, supera los 120 millones de euros, y en este momento no es una cantidad que la Consejería pueda acometer. Y hablo con absoluto realismo, porque me parece que no podemos estar creando falsas expectativas. Debemos actuar con seriedad y rigor y ofrecer a los ciudadanos lo que se puede hacer y lo que no. En este momento, ni la Consejería ni el Gobierno de Canarias pueden abordar una obra de esa envergadura por la situación económica que vivimos. Estamos pensando en soluciones alternativas para que el partido judicial de Santa Cruz pueda desenvolverse con normalidad y una variante es ampliar el edificio actual en algunas plantas más, pero eso está en fase de estudio y es una solución que quizás acometamos. Estamos barajando pros y contras”.

-¿Se van a seguir haciendo recortes en el turno de oficio?

“Es verdad que el coste del turno de oficio es elevado, pero la Consejería ha venido afrontando ese pago y desde luego lo va a seguir haciendo. Quiero tranquilizar a los operadores jurídicos, a los colegios de abogados y a los propios ciudadanos, que son los beneficiarios de la justicia gratuita, para dejar claro que el departamento va a cumplir con sus obligaciones, a pesar de las dificultades”.

-¿Qué van a hacer con el programa de gestión informática Atlante II, cuyos fallos han ralentizado de forma importante este servicio? Usted dijo, cuando estaba en la oposición, que fijarían las garantías para asegurar el correcto funcionamiento y la confidencialidad del programa…

“No puedo ocultar la realidad. La implantación del Atlante II ha ocasionado problemas y ha habido quejas. Es verdad que esos problemas se han ido subsanando. Hemos pedido un informe para ver cuáles son las anomalías que ha presentado ese programa informático, y que creemos que son subsanables. Tenemos que garantizar la operatividad del sistema, la confidencialidad. Hay algunos avances importantes, como el reconocimiento de esa interoperatividad que ha expresado el Poder Judicial, pero lo cierto es que la implantación ha causado problemas y es una preocupación de este departamento el resolverlo. Vamos a darle prioridad absoluta a esta cuestión porque es fundamental para el funcionamiento de los juzgados”.