Bajan un 90% los matrimonios de conveniencia en la zona suroeste

NICOLÁS DORTA | ARONA

Los matrimonios de conveniencia o enlaces civiles entre españoles e inmigrantes que buscan conseguir la nacionalidad comunitaria se han reducido en un 90% en los últimos meses en los municipios más al suroeste, Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje (pertenecientes del Partido Judicial de Arona), desde que en 2007 se comenzara a detectar esta actividad fraudulenta.

Así lo afirma Jorge Vargas, juez de Paz de Guía de Isora, quien ha destacado la coordinación de las diferentes administraciones judiciales y públicas, junto a las cuerpos y fuerzas de seguridad, para poner freno a estas situaciones mediante eventuales jornadas sobre los matrimonios de conveniencia.

Esto ha permitido reducir unas cifras preocupantes en un principio, pues en 2010, de las ochenta solicitudes de matrimonios que llegaron a las diferentes oficinas del Registro Civil “al menos la mitad eran de conveniencia, en su mayoría, inmigrantes procedentes de Venezuela, Colombia, Marruecos o Nigeria”, añade el juez de Paz. Normalmente estos enlaces vienen acompañados de dinero, de los 3.000 en adelante.

La investigación parte del Juzgado de Arona a través de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en coordinación con la policías locales de los municipios afectados.

Cabe citar que en Guía de Isora fue decubierta una red que presuntamente negociaba con estos matrimonios. El caso fue puesto a disposición de un juzgado de de Arona, que mantiene el secreto de sumario. Una orden judicial en 2010 permitió investigar el Registro Civil de la localidad, donde se inscribieron algunos de estos matrimonios, quedando imputado el secretario de dicha institución.

“Estas bodas son una vía que utilizan los ciudadanos no comunitarios para obtener su nacionalidad cuando se encuentran en situación irregular, un camino más para su regalarización en nuestro país”, dice Vargas.

No es fácil descubrir este tipo de casos. Por medio de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía se hace un seguimiento a estas personas para demostrar si hacen vida en común o su cometido es falaz. “Esto resulta complejo ya que la ley permite que se puedan casar en un principio. Lo que hay que demostrar es si este casamiento se hace por interés de alguna de las partes para obtener nacionalidad española, además del dinero que se paga a cambio”, dice el juez de Paz isorano.
Las audiencias reservadas, previas al casamiento, son propicias para hallar el fraude. Se trata de entrevistas privadas, incluido algún testigo.

En el caso de que se demuestre el engaño, el matrimonio puede ser anulado, aunque esto lo deberá resolver la Fiscalía a donde será remitida la documentación necesaria.

“Estamos contentos de que se hayan reducido estas prácticas y lo importante será seguir haciendo reuniones de trabajo”, añade Vargas. La próxima será en el Juzgado de Paz en octubre en Santiago del Teide.