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Bono avisa de que la propuesta de reforma debe llegar esta semana al congreso

   

AGENCIAS | Madrid

El presidente del Congreso, José Bono, ha avisado hoy al PSOE y al PP de que deben presentar esta misma semana su propuesta de reforma de la Constitución para limitar el déficit público si quieren aprobarla esta legislatura, ya que, de no ser así, no habrá tiempo antes de que se disuelvan las Cortes.

Bono ha sugerido a los diputados, una vez concluido el pleno para aprobar el decreto de nuevas medidas contra la crisis, que se celebre una sesión extraordinaria del pleno de la Cámara el día 30 de este mes y otra el 1 de septiembre.

La propuesta de reforma de la Carta Magna ha sido lanzada hoy por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y aceptada por el líder de la oposición, Mariano Rajoy, durante el debate en el Congreso del decreto-ley con nuevas medidas para reducir el déficit.

El anuncio de Zapatero de convocar las elecciones generales para el 20 de noviembre obliga a agilizar los plazos para aprobar esa reforma, ya que las Cortes Generales quedarán disueltas el 27 de septiembre.

Bono, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, ha explicado a los medios de comunicación que si se presenta antes del próximo viernes “todo tiene arreglo”.

Por eso, ha emplazado a los portavoces del PSOE y del PP a que presenten una propuesta mañana mismo, o pasado a más tardar, a fin de que puedan cumplirse los plazos reglamentarios para su tramitación.

Y es que, según su argumento, al tratarse de una reforma constitucional, una vez que sea aprobada habrá que abrir un plazo de quince días por si algún grupo quiere plantear que se someta a referéndum.

Así las cosas, sus cálculos son que la modificación tendría que ser aprobada por lectura única y por el procedimiento de urgencia en torno al 9 ó 10 de septiembre, lo que requerirá la convocatoria de un pleno extraordinario del Congreso antes de que acabe agosto y otra sesión a primeros de septiembre.

El Senado tendría que establecer un calendario similar de tramitación.

Una décima parte de los diputados (35) o de los senadores (28) puede solicitar que la reforma sea sometida a referéndum.

Las Cortes Generales quedarán disueltas el 27 de septiembre, una vez que Zapatero convoque oficialmente las elecciones para el 20 de noviembre.

La fórmula propuesta por Zapatero es que sean los grupos parlamentarios los que impulsen la modificación constitucional a través de una proposición de ley que sería tramitada por la vía de urgencia y en lectura única. Tras su registro en el Congreso, el Pleno podría tomar en consideración el texto un martes y dos días después aprobarlo para su remisión al Senado.

El Congreso prevé la celebración de dos sesiones plenarias en septiembre antes de la disolución, mientras que el Senado sólo tiene una en agenda. Ambas empiezan en la semana del 13 al 15 de septiembre por lo que, o bien el Congreso adelanta su primera sesión o bien el Senado organiza una sesión plenaria en la semana del 20 al 22.

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Para González Pons (PP): “No es necesario referéndum”

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha subrayado que esta reforma constitucional no requeriría la celebración de un referéndum y que, dada la existencia de acuerdo entre los dos principales partidos, “puede hacerse con relativa rapidez”.

El artículo 167 de la Carta Magna establece que los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, lo que en este caso estaría garantizado con los votos de PSOE y PP. Pero, si en los 15 días siguientes a la aprobación la décima parte de los miembros del Congreso o el Senado lo solicitan, debería ser sometida a referéndum.

Por otra parte, la Constitución prevé que si la reforma supone una revisión total del texto constitucional o una parcial que afecte al Título Preliminar, a los derechos fundamentales y libertades públicas o a la Corona, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y después habría que disolver las Cortes.

Las nuevas Cámaras tendrían que ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Una vez avalada la reforma por las Cortes Generales, la modificación sería sometida a referéndum para su ratificación.

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