El juez detecta prevaricación en más de 200 licencias urbanísticas

El alcalde, con Francisco Santamaría, el edil de llevó el caso a la Fiscalía durante un pleno. / DA

VICENTE PÉREZ | ARONA

Algo extraño ocurrió durante años en el Ayuntamiento de Arona con los informes técnicos y la concesión de licencias urbanísticas. Esa fue, al menos, la sospecha que llevó al PSOE en 2006 a poner en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente los hechos que han dado pie al llamado caso Arona. Casi un lustro después, el juez Nelson Díaz Frías ha terminado la instrucción de esta causa y, en un auto dictado el pasado 15 de julio, le ha dado la razón a los socialistas, al corroborar que hay indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística cometido por los ocho concejales que formaban la Junta Local de Gobierno entre 2003 y 2007, quienes dieron el visto bueno a licencias de obras y primera ocupación presuntamente ilegales.

De ellos continúan como concejales el alcalde, José Alberto González Reverón (CC), y el edil Manuel Barrios (CAN), que estaban acompañados entonces en las juntas por Félix Sierra (PP) Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (CC), Sebastián Martín (CC), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC). Todos ellos, concluye el magistrado, “votaron a favor de la concesión de dichas licencias siendo conscientes del contenido de los informes técnicos desfavorables emitidos por los juristas del Ayuntamiento de Arona”.

En el auto judicial se ofrece una relación de cerca de 220 autorizaciones bajo sospecha, referidos a “licencias municipales para la ejecución de obras, para reformado de obras, para la demolición y nueva construcción, para prórroga de licencias, o para la concesión de licencias de primera ocupación, habiéndose hecho constar en cada uno de esos expedientes administrativos informe desfavorable emitido por los técnicos juristas del servicio de Urbanismo”, y sobre los que además hubo “advertencias de ilegalidad realizadas por el secretario” del Ayuntamiento.

El Juzgado desglosa en dos grandes grupos esta documentación. Por un lado figuran cerca de 140 expedientes de licencias de obra mayor de primera ocupación y de segregación sobre los cuales los funcionarios advirtieron que incumplían el artículo 72,2 del Texto Refundido de las leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales Protegidos, “al tratarse de licencias para edificar en terrenos ubicados en unidades de actuación que no habían sido debidamente gestionadas y cuyas parcelas no tenían, por tanto, aún la consideración jurídica de solar”.

Un segundo bloque, del que se citan al menos 90 casos en el auto, lo forman licencias sobre las que los técnicos municipales determinaron que vulneraban la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, el Plan General de Ordenación de Arona y sus normas urbanísticas o el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Canarias; habían sido concedidas “sin la autorización previa preceptiva de la legislación sectorial de aplicación o calificación territorial, o bien por ser contrarias a la normativa vigente sobre habitabilidad, funcionalidad y seguridad”, siempre según el relato judicial.

El alcalde siempre ha insistido en que estos hechos no revisten materia penal, sino que, en tal caso, serían propios de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y así lo reiteró el pasado viernes tres días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias diera a conocer el auto judicial, al tiempo que proclamó su inocencia y la de sus compañeros de partido, y anunció que recurrirán el auto judicial.

Tal como ha venido informado este diario en los últimos días, las escuchas ordenadas por el juez y los informes sobre el patrimonio de los investigados en esta causa revelaron además indicios de otros delitos, como el de cohecho por una presunta trama de comisiones ilegales por la que están imputados Sierra (entonces edil de Urbanismo), Eliseo de la Rosa (arquitecto municipal) y Roberto de Luis (aparejador municipal). También el magistrado instructor observa indicios de prevaricación y tráfico de influencias en el proceder del alcalde para favorecer a diversas personas, así como a un grupo hotelero con unas obras sin licencia a cambio de habitaciones gratis para su uso privado.

Esta causa salpica igualmente a un consejero del PSOE del Cabildo, José Luis Delgado, a quien el juez le achaca tráfico de influencias al intentar que el regidor municipal le diera un trato de favor adjudicándole un concurso a su empresa, como se desprende además de las escuchas efectuadas por orden del Juzgado.
De la actual gobierno local de CC están imputados también Antonio Sosa (concejal de Medio Ambiente), Manuel Reverón (edil de Seguridad) y Clara Pérez (titular de Servicios Sociales), por prevariación y tráfico de influencias. Además, pesan imputaciones contra seis técnicos y funcionarios del Ayuntamiento sureño, tres arquitectos, un empresario, dos policías locales y un guardia civil.

Con este auto, el juez ha solicitado además a la Fiscalía y las acusaciones particulares que formulen escrito de acusación o de archivo del caso, paso previo al trámite para determinar si se fija o no juicio oral en la Audiencia Provincial.