Una creencia muy extendida en nuestra sociedad es que los ciudadanos son contrarios a subidas de todo tipo de impuestos. Esta afirmación habría que matizarla porque, en el caso de los impuestos del tabaco, diversas encuestas señalan que el 50-55% de la población ve con buenos ojos un aumento de los impuestos especiales para disminuir los devastadores efectos de este producto en la salud pública.
Sin embargo, no hay una opinión clara de la sociedad sobre los impuestos del alcohol o de otros productos potencialmente dañinos para la salud de los menores, como las grasas saturadas o las bebidas azucaradas. Además del tabaco, existe un creciente consenso social de que la obesidad infantil, el abuso de alcohol y el de bebidas azucaradas son una seria amenaza para el futuro de las nuevas generaciones. Esta amenaza es real y visible en la salud de la infancia.
Una de las opiniones, bastante reduccionista, consiste en centrarlo todo en la educación como panacea universal. Los que abogan por esta vía elevan la educación a la máxima categoría de actividad preventiva y consideran los impuestos o las regulaciones como un atentado a la libertad de empresa y a la libre elección personal. Pero hay varios hechos empíricos que cuestionan seriamente este punto de vista. En el caso del alcohol, Finlandia redujo los impuestos del alcohol en 2004. El resultado de esto fue un incremento significativo en los siguientes años de la mortalidad en edades medias de la vida por enfermedades relacionadas.
En España, en los años noventa hubo una subida sustancial de impuestos del tabaco que afectó sobre todo al tabaco negro. La resultante fue una disminución bien demostrada del porcentaje de fumadores. Un estudio del Ministerio de Economía de 2003 estimó que en España por cada 10% de aumento del precio del tabaco se reducía el consumo en el 4%. ¿Qué significa eso? Que aumentar los impuestos reduce el consumo, pero aumenta la recaudación. Estamos seguros de que habría un consenso social para incrementar los impuestos del tabaco y el alcohol, que causan muchas muertes al año en nuestro país. El objetivo sería doble: disuadir del consumo y captar más recursos para el sistema sanitario.
Otros impuestos que se podrían plantear afectarían a los alimentos industriales ricos en gasas saturadas o a las bebidas azucaradas. Algunos países se lo están planteando y en España ya se han puesto en marcha algunas regulaciones para limitar la venta de estos productos en las escuelas y centros de enseñanza para menores de 18 años. Y es que la educación y las buenas palabras son necesarias, pero en una sociedad rodeada de voraces mercaderes cuyo objeto es el beneficio sin limites son necesarias algunas regulaciones para intentar que verdaderamente haya un equilibro en los elementos que entran en juego para tomar las mejores opciones.
Los menores son un objetivo de los mercaderes sin escrúpulos cuyo fin es conseguir nuevos e incautos consumidores y hacerlos adictos (caso del tabaco), o simplemente consumidores habituales de toda una serie de productos innecesarios e inútiles para tener un crecimiento y desarrollo medianamente saludable. En el caso del tabaco, es mucho más eficaz que los adolescentes tengan un tabaco caro y difícil de adquirir que cualquier otra media de prevención. La elasticidad precio-consumo en los adolescentes es mucho más intensa que en los adultos, debido a su limitación económica. Por esta razón, por cada 10% de aumento de impuestos del tabaco se reduce su consumo en el 8-10%.
No hay estudios disponibles en España sobre lo que ocurriría con las bebidas azucaradas o los productos industriales ricos en grasas saturadas, pero es fácil suponer que un aumento de su precio y una regulación de su venta a menores disminuiría el consumo y los efectos sobre la salud en las futuras generaciones. Por otra parte, ello estimularía a los sectores industriales para que elaborasen productos con un perfil más saludable. Hay muchos motivos para pensar que solo en ese contexto la educación sería eficaz y conseguiría mucho mejor sus objetivos.
En el caso del alcohol, los expertos recomiendan un aumento de los impuestos (en España es el 16% más barato que la media europea, según Eurostat), y una seria de medidas reguladoras, como la reducción y el control de puntos de venta, la restricción real de horarios de venta, la eliminación de la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas como medidas que sustenten los programas educativos eficaces.
En el caso del tabaco, habría que ajustar anualmente el impuesto mínimo y el específico a nivel de la inflación, y aumentar considerablemente el impuesto mínimo para el tabaco de liar, hasta hacerlo equiparable a los cigarrillos convencionales.
Hay ciertos productos cuyo precio privado está muy por debajo del coste social que genera su consumo. Este hecho es la justificación principal para reclamar un incremento continuo y significativo de sus impuestos. Por eso, algunos impuestos pueden ser francamente saludables y aceptables, aunque, claro, esto parece un pecado para los dogmas neoliberales imperantes.
Rodrigo Córdoba y Francisco Camarelles son doctores miembros de la junta directiva del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)