La “primera” reforma pasa por “mejorar” la calidad institucional

BEGOÑA AMEZUA | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Si Canarias quiere dar un “salto, cualtitativo y cuantitativo” para ser competitiva, la “primera” reforma que debe acometer pasa por “mejorar su calidad institucional”. Esta es una de las principales conclusiones recogidas en el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) de las Islas 2010-2011.
Marcado por el análisis de las consecuencias de la prolongada crisis económica, en el apartado monográfico dedicado al reto de la competitividad y la internacionalización de la Comunidad Autónoma, el Consejo se muestra contundente al aseverar que la primera modificación que requiere Canarias para impulsar su competitividad, y “posicionarse” en un modelo de desarrollo diferente al actual, que ofrezca “mejores” perspectivas de futuro; “pasa por mejorar su calidad institucional”.

El CES sostiene que son “muchos” los frentes sobre los que las autoridades públicas regionales pueden actuar, y cuya mejora “promete importantes impactos” competitivos. Entre ellos destaca cuatro como son la burocracia, la transparencia, el marco regulador y la rendición de cuentas.

Del primero dice que se precisa un menor grado de burocracia y una “mayor racionalidad” en la estructura de la administración pública regional, es decir, en el Gobierno, el Parlamento, los cabildos, los ayuntamientos y todos sus organismos. “Necesitamos dotarnos de un esquema de funcionamiento más sencillo, flexible y ágil”, especifica. Esta necesidad, continúa el CES, se ve reforzada por las “urgencias del corto plazo” impuestas por la crisis, que se ha encargado de “sacar a la luz los excesos” del pasado.

Para mejorar la competitividad de la economía regional, según el informe, es “fundamental aumentar el grado de transparencia en la aprobación de leyes, de políticas y, entre otras, en las compras públicas y la concesión de licencias.

La “falta” de transparencia, agrega el Consejo suele traducirse en “mayores problemas de corrupción, mayores costes de las transacciones y la merma de la competitividad”. Adicionalmente, continúa el informe, “resta” legitimidad a las decisiones y acciones de los poderes públicos.

En relación al marco regulador, el potencial competitivo mejorará si se dota de unas regulaciones y unas políticas “más eficaces”, en el logro de sus objetivos, y “eficientes” para minimizar el coste en el que se incurre para lograr el objetivo perseguido.

Junto a la transparencia, el CES cree que la racionalidad económica también debe ser un elemento “central” en el proceso de la toma de decisiones.

El cuarto frente sobre el que las autoridades públicas deben modificar sus actitudes es en la rendición de las cuentas, es decir, que, como en el sector privado, se establezcan objetivos a largo plazo para las distintas actuaciones decididas.

Éstos deben estar vinculados al logro de objetivos a corto y medio plazo y, a su vez, al establecimiento de los instrumentos que permitan su consecución, y a unos indicadores que permitan identificar su grado de cumplimiento.

En opinión de este organismo de la Comunidad Autónoma, esto es “fundamental” para que los gestores públicos mejoren la “rendición” de cuentas ante el conjunto de la sociedad.

Imagen de archivo de la sesión plenaria de constitución del Parlamento saliente de los últimos comicios. | DA

Mejorar la calidad del entramado institucional, agrega, es una condición “necesaria” para lograr un “mayor” potencial competitivo. Los impactos directos, añade, son muy relevantes pero tampoco deben “pasarse por alto”, tal y como recomienda, sus efectos “indirectos” porque al dejar ver a la sociedad la existencia de un clima distinto, se generarán unas condiciones más favorables para los negocios y con mayores dosis de legitimidad, lo que además estimula, entre otras acciones, el esfuerzo individual.

[apunte]El Consejo Económico y Social incide en que el Régimen Económico y Fiscal puede ser un elemento de dinamización y de apoyo en el tránsito hacia un modelo basado en la innovación. Entre los aspectos que ya regula el REF, según el informe, la Zona Especial Canaria puede contribuir “positivamente” a este fin promoviendo reformas que potencien sus capacidades de atracción sobre las empresas exteriores. Junto con esta línea, el CES recomienda que se revise su capacidad para impulsar la actividad de los emprendedores.

También advierte que el REF puede constituirse como un elemento estratégico para generar nuevos instrumentos financieros para las empresas con menos recursos y posibilidades, que coinciden con las de reciente creación y que desarrollan su actividad en ámbitos innovadores. Pero la educación superior, puntualiza, debe ser uno de los grandes elementos que el REF puede promover animando a las empresas a dotarse de este tipo de trabajadores.[/apunte]

Tres pilares

Relacionado con la necesidad reorientar las políticas públicas, el Consejo Económico y Social identifica tres “pilares” sobre los que se deben asentar las actuaciones futuras destinadas a promover la mejora de la productividad de la Comunidad Autónoma. Ninguna es novedosa, con lo que se deduce que el CES se ve en la necesidad de repetir las mismas recetas para que sean tomadas en serio.

El primer pilar es la eficiencia. Una de las evidencias aportadas en este informe sobre la competitividad de la economía canaria es que la “baja y estancada” productividad “no obedece a lo que hacemos sino a cómo lo hacemos”.

Uno de los pasos necesarios para mejorar estos índices, recuerda el CES, consiste en profundizar, entre otras, en las políticas de recursos humanos, la formación y el asociacionismo.

El segundo pilar es la innovación entendida como especialización. Este proceso, a su vez, requiere un cambio estructural, en el que deben producirse “deslizamientos” dentro de un mismo sector hacia otros segmentos de mayor valor añadido y sofisticación.

El modelo basado en el control de los costes se ha agotado, según el Consejo. Las bases competitivas más importantes en estos momentos son el diseño, la calidad, la diferenciación y la excelencia empresarial. Pero si el marco institucional no se adapta a los nuevos retos, propiciando el desarrollo, no se lograrán los objetivos.

El Consejo se dirige a las autoridades públicas autonómicas para advertirles, en ese sentido, de que deben “entender que estamos en un punto de inflexión, de transición”.

Los elementos claves para la promoción de este modelo se sustentan en la creación de un entorno competitivo entre las empresas y que se facilite la entrada de otras nuevas en el mercado.
La existencia de una base poblacional amplia con formación superior y un mercado financiero sofisticado es “clave”, según el informe,para crear un entorno favorable a las iniciativas innovadoras.

El tercer pilar es la internacionalización de la economía que “no significa únicamente propiciar el salto al exterior” de las empresas. También implica facilitar la entrada de empresas foráneas, de flujos de inversión directa, atraer investigadores y personal cualificado.