La Fiscalía archiva la denuncia por falsificación del ‘caso facturas’

N. GARCÍA / V. PÉREZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE

Como un volcán en erupción, los casos de corrupción han llenado en los últimos años las primeras páginas de periódicos nacionales, regionales, provinciales y locales. El caso Faisán, el caso Gürtel, el caso Malaya, Ibercorp, Gescartera, Rumasa, caso Roldán, Fórum Filatélico y Afinsa, caso Tindaya, el caso Dimas, caso facturas… Casi todos ellos están imbricados en una red de tramas diferentes (urbanística, empresarial, agropecuaria), vinculadas al abuso de poder y a la compleja ambición que lleva a políticos, jueces, fiscales y famosos a “subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas”, en palabras del magistrado Miguel Ángel Torres, quien destapó “el mayor caso de corrupción en España, el caso Malaya”, según recoge el diario El Mundo (edición del 26 de abril de 2011).

Todos estos casos encontraron en su camino una figura clave, el denunciante -por lo general, anónimo-, una especie de garganta profunda que filtra a las redacciones informativas datos escandalosos sobre operaciones relacionadas con cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Algunas de estas causas se han resuelto en condenas ejemplares, otras en interminables procesos judiciales y los más afortunados simplemente en papel mojado. Un año después de que varios medios de comunicación divulgaran un informe de la Intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el que se recogía que los concejales del Partido Popular en el mandato 2003-2007 presentaron facturas privadas para justificar gastos dirigidos a financiar a los grupos políticos municipales, escándalo conocido como caso facturas o Bragasgate, la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia presentada hace un año por Justicia y Sociedad contra el PP de Santa Cruz, en la que se alegaba presunta financiación ilegal y falsificación documental, aunque no da “motivos oficiales”.

Pérez Ventura: “Al margen de la responsabilidad penal, está la política”

“Nos sorprende la decisión”, afirmó ayer a este periódico José Pérez Ventura, abogado y cofundador de la asociación, quien reinvindica que la Fiscalía “debe responder ante la ciudadanía y explicar los porqués”. Este periódico contactó ayer con la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde pospusieron a hoy su respuesta, a causa de que, tanto la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez como la fiscal jefe Carmen Almendral Parra, están disfrutando de sus vacaciones.

El pasado 1 de julio, este colectivo, integrado por más de un centenar de juristas de Canarias (abogados, procuradores, secretarios judiciales y profesores universitarios), recibió una notificación “de un folio con un párrafo de ocho o nueve líneas” en el que Anticorrupción les informaba de que ha procedido al archivo de las diligencias preliminares que había abierto a raíz de la denuncia presentada por la supuesta apreciación de indicios de responsabilidad penal en la contabilidad (infracción del artículo 438 y/o delito de falsificación documental del artículo 390.1 4º del Código Penal).

A las redacciones de algunos medios llegó un sobre anónimo en el que se recogía un informe que ponía en entredicho las cuentas del grupo municipal del PP entre 2003 y 2007

La asociación de juristas considera que la Justicia es la que debe “decidir si es delito”, aunque en este caso existe un componente moral, ya que, “al margen de la responsabilidad penal, está la responsabilidad política” de las personas denunciadas.

A costa del erario

La polémica se inició en la segunda mitad del mes de julio de 2010. A las redacciones de algunos medios llegó un sobre anónimo en el que se recogía un informe de Intervención municipal fechado en 2007 que ponía en entredicho las cuentas del grupo municipal del PP entre 2003 y 2007 -encabezado por Cristina Tavío y formado por Guillermo Díaz Guerra, Ramón González de Mesa, Maribel Oñate y Juan Manuel Brito Arceo- y reflejaba gastos en comidas, viajes, farmacias, decoración, ropa y complementos por importe de 19.134 euros, 2.302 de ellos en ropa y complementos, y no se justificaron 2.732 euros. Según el interventor, esta contabilidad no se correspondía con gastos propios de la actividad de un grupo político municipal y el 89,30% de las facturas (por valor de 136.754 euros) contenían deficiencias formales.

Éste fue el inicio de un entramado -con más de 600.000 euros del erario público- en el que también se entrecruzaron las contabilidades de Coalición Canaria (CC), el Partido Socialista (PSC) y el Partido Nacionalista Canario (PNC). Sin embargo, para Justicia y Sociedad fueron determinantes las declaraciones públicas de Cristina Tavío y del secretario general del PP canario, Manuel Fernández, quienes reconocieron que los concejales presentaron facturas privadas para justificar gastos que en realidad iban dirigidos a financiar al partido. Ambos admitieron que se trató de un “subterfugio” para burlar la Ley de Financiación de Partidos, que no permitía entonces a una organización política ingresar fondos públicos asignados a su grupo municipal.

El colectivo de juristas no descarta volver a tramitar por la vía judicial

“No compartimos la decisión de la Fiscalía Anticorrupción porque las declaraciones de Cristina Tavío eran de una gravedad incuestionable, con una carga incriminatoria importante”, expresó ayer su portavoz, José Pérez Ventura. Los juristas apuntan el desconcierto que produce que “en tiempos de crisis este tipo de conductas con fondos públicos no se investigue en profundidad”, particularmente una trama que creó “una alarma social”, que incluso trascendió al ámbito nacional.

La conducta del grupo popular no debería quedar impune, a juicio de Ventura, quien define como “irrisorio saber cómo estos señores son capaces de utilizar este tipo de facturas para justificar el uso fraudulento, el derroche y dilapidación del dinero público”. “Lo que ha pasado es pornográfico”, declaró con asombro.

Agotada la vía de la Fiscalía Anticorrupción, el colectivo Justicia y Sociedad no descarta presentar la denuncia en el Juzgado por la vía judicial, pero ésta será una decisión que tendrán que discutir en septiembre. Con cierta indignación, su portavoz aludía a la “banalización y aceptación generalizada de la corrupción”, que se ha extendido en el Archipiélago, una situación que “en otros países” no se hubiera resuelto de esta manera.

Sin reacciones

Tal y como recoge Europa Press, Cristina Tavío declinó ayer hacer cualquier valoración al respecto, mientras el secretario general del Partido Popular, Manuel Fernández, dijo no extrañarle “en absoluto” el archivo de la denuncia, tal y como advirtió “desde el primer día”. Fernández señaló que tiene experiencia en este tipo de asuntos, así como “los suficientes conocimientos legales” para estar seguro de que la Fiscalía iba a archivar un caso que, a su juicio, “solo trata de ensuciar la política”. Otras fuentes municipales con las que contactó este diario rehusaron hacer declaraciones.