Los recortes presupuestarios imponen reformas institucionales

Imagen de archivo de uno de los pocos consejos semanales celebrados por el recién constituido Gobierno del PSC y CC. | DA

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

La discreción del Gobierno canario con los recortes en los presupuestos de 2012 no ha ido más allá de una tímida advertencia, de carácter generalista, del presidente, Paulino Rivero, sobre la necesidad de practicar ajustes manteniendo la prioridad en las políticas sociales.

Sin embargo, el informe anual del Consejo Económico y Social (CES) se adelanta al avisar sobre algunas decisiones a adoptar ante la persistencia de la crisis.

Tras asegurar que la reducción de los presupuestos de 2011 ha supuesto “ un retroceso de hasta 10 años” en función de la partida presupuestaria asignada, el Consejo afirma que existe un “amplio” margen para mejorar los niveles de eficiencia en las administraciones públicas.

El CES señala que será “necesario” emprender reformas institucionales de “mayor calado” para alcanzar una asignación aún más eficiente de los recursos públicos.

Una recomendación que se encuadra en uno de los compromisos del pacto de gobernabilidad de Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC).

Se trata de la clarificación de las competencias ejercidas por los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno. Una propuesta que contribuiría a eliminar las duplicidades y generar un ahorro que, sin embargo, no se ha realizado en las tres últimas legislaturas a pesar de figurar como una promesa de los distintos gobiernos autonómicos de nacionalistas y el Partido Popular. Entre otras razones porque traspasar competencias implica ceder financiación y debilitar la capacidad de influencia de la administración implicada.

El Consejo indica que, de no proceder con una asignación más eficiente de los fondos y recursos públicos, la alternativa pasa por “cambiar, eventualmente,” la fuente de financiación de los servicios públicos o reducir las tasas de cobertura de los mismos “evitando el empeoramiento” en los niveles de prestación de estos servicios.
Pero además de esta advertencia, hecha dentro de la capacidad de decisión que tiene el Ejecutivo regional, existe otro factor muy importante que escapa a su nivel de influencia.

Se trata del peso que tienen las transferencias del Estado y de la Unión Europea en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. La mitad de los 6.894 millones de euros de las cuentas de 2011 del Ejecutivo regional son fondos provenientes de administraciones “supra-regionales”.

Este año, las transferencias de capital, es decir, las subvenciones del Estado u otro organismo público para financiar las inversiones han supuesto 564,5 millones de euros, una disminución de un 13,2% con respecto al pasado año pasado.

Las transferencias corrientes, que son las ayudas estatales a las empresas productoras de bienes y servicios y las subvenciones sociales a las familias, se redujeron un 11,3% al pasar de los 3.315 millones de euros de 2010 a los 2.940 millones de euros de este año.

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La sanidad y la educación, más que la media estatal

Los gastos por persona de los servicios públicos básicos (justicia, política exterior y seguridad ciudadana) y las actuaciones de promoción social (prestaciones económicas. fomento del empleo y servicios sociales) siguen una tendencia plana en los presupuestos en vigor y son “inferiores” a la media nacional, según el estudio realizado por el Consejo Económico y Social. En relación con los gastos de servicios públicos de carácter preferente, es decir, la sanidad, la educación y la cultura, salvo en 2008, se muestran “superiores” a la media nacional. Hace tres años, la caída se produjo por la bajada del gasto por canario en educación.

En relación con los gastos de carácter económico, en las Islas es menor incluso en políticas como el comercio, el turismo y las pymes.
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