PSOE y PP dan el primer paso de la reforma con el apoyo de UPN

Zapatero, junto a la vicepresidenta, Elena Salgado, conversa con Pérez Rubalcaba. | EFE

EFE | Madrid

La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagrará en la Carta Magna una regla fiscal para todas las administraciones públicas, inició ayer su tramitación urgente en el Congreso, aunque el PSOE y el PP, promotores de la iniciativa, sólo han conseguido el apoyo de UPN. La proposición de ley pactada entre los dos principales grupos ha sorteado el primer trámite y, tal y como se esperaba, sólo ha tenido un voto en contra dentro de las filas socialistas: el del ex secretario general de CCOO Antonio Gutiérrez. Se han opuesto los nacionalistas vascos y el resto de grupos minoritarios de la Cámara, mientras que los parlamentarios de CiU han optado por no pulsar el botón de las votaciones y se les ha computado como “ausentes”, pese a que estaban dentro del hemiciclo. Así pues, se aceptó la toma en consideración de la reforma con 318 votos a favor, 16 en contra (PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, UPyD y Gutiérrez) y dos abstenciones (Coalición Canaria).

Estaban en sus escaños los principales actores de este pacto: el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el líder de la oposición, Mariano Rajoy, y el candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, visiblemente cansado tras la jornada maratoniana que tuvo el lunes para explicar a sus compañeros de partido la reforma. “Estoy muy satisfecho porque realmente es muy importante para España en este momento”, señaló Zapatero en unas breves declaraciones a los periodistas al acabar la sesión plenaria, en las que aseguró sentirse respaldado por sus compañeros, de quienes elogió su “enorme sentido” de la responsabilidad.

Fueron los portavoces parlamentarios del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, los encargados de defender su acuerdo desde la tribuna, cuya necesidad y urgencia justificaron. Alonso advirtió de que, sin esta reforma, la situación “se agravaría en otoño” y se alcanzaría un estado “insostenible” que pondría en riesgo las políticas sociales de bienestar. Una idea que compartió su homóloga del PP, para quien es una medida “necesaria, oportuna y responsable”, que reforzará el modelo de Estado y mediante la cual la estabilidad presupuestaria se convertirá en un deber y no en una opción.

Toda la oposición criticó las formas en las que se ha planteado esta iniciativa, en pleno mes de agosto y sin contar con la opinión de todo el arco parlamentario pese a tratarse de una modificación de la Carta Magna.

Duran Lleida, muy duro

Muy duro fue el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que calificó de “esperpéntico” que con “nocturnidad y alevosía” se haya hecho “añicos” el consenso constitucional. Duran Lleida avisa del “choque de trenes” que supone esta reforma y critica la agresión que sufrirá la autonomía financiera de las comunidades. PSOE y PP intentarán convencer a los nacionalistas catalanes para que se sumen al acuerdo, al que CiU ha dejado la puerta abierta al anunciar la presentación de enmiendas, al igual que hará el PNV. Su portavoz, Josu Erkoreka, no comparte la idea de constitucionalizar la estabilidad presupuestaria, que es “funesta”. Más lejos fue el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, que llamó a la rebelión a los diputados socialistas y pidió la retirada de la iniciativa, aunque, de no ser así, ha exigido un referéndum.

También han clamado por una consulta popular los portavoces de ERC, Joan Ridao; BNG, Francisco Jorquera; UPyD, Rosa Díez, y NaBai, Uxue Barkos, petición a la que podría adherirse Antonio Gutiérrez.

A partir de ahora se abre el plazo de enmiendas y los grupos tendrán hasta las 14.00 horas de mañana, jueves, para presentar sus propuestas de modificación de esta iniciativa, que será aprobada definitivamente por el pleno del Congreso fijado para el próximo viernes antes de pasar al Senado.