Reformas, sí, pero que sirvan

El candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha vuelto esta semana a poner de actualidad una vieja polémica: ¿sobran administraciones públicas en España? Pese a no ser un nuevo reclamo, la idea volvió a incendiar el debate preelectoral, especialmente porque el socialista hablaba en concreto de unas administración públicas: las diputaciones provinciales. El PP respondió rápidamente y su candidato nacional en las próximas elecciones, Mariano Rajoy, dijo que está dispuesto a estudiar la rebaja de las instituciones, pero que las diputaciones son intocables. ¿Será porque el PP tiene un control político amplio en estas administraciones tras las pasadas elecciones locales?
En Canarias, el Gobierno de Paulino Rivero lleva tiempo hablando de la necesidad de racionalizar el gasto institucional, y se han tomado algunas medidas en el ámbito de la reducción de empresas públicas y en el incremento de concesiones administrativas. Así las cosas, al menos en sus postulados políticos, todos los partidos mayoritarios en las Islas están a favor de una importante revisión de la estructura administrativa pública, que es ineficiente.
Puede que 88 municipios para los más de dos millones de habitantes de Canarias sean demasiados. ¿Sobran? La respuesta que dan muchos analistas es que sí. Sin embargo, quizá la solución intermedia, o al menos a corto o medio plazo, pase por olvidar los típicos problemas villa-arriba contra villa-abajo habituales en los consistorios y, de una vez, se mancomunen y racionalicen servicios de manera real para evitar un trato discriminatorio a la población.
En todo este debate, los políticos se han olvidado una vez más de que las administraciones no están al servicio de los partidos, sino de los ciudadanos. Y son los votantes los que tienen derecho a que sus administradores sean lo más eficaces posible con el dinero que se les confiere bien vía impuestos directos, bien vía subvenciones nacionales o bien a través de cualquier otro sistema o modelo. La reducción administrativa, en caso de aprobarse, deberá hacerse con consenso, pero no muy tarde, pues no podemos seguir asistiendo a situaciones como la vivida hace semanas en el Ayuntamiento de Garafía, en La Palma, que no tenía para pagar las nóminas de sus 77 trabajadores públicos. Estas situaciones se van a repetir en los próximos meses y demuestran una debilidad municipal inaceptable hoy en día. Con todo, en el debate nacional -por eso de estar muy lejos- se han olvidado de incluir a los cabildos insulares como administraciones locales. Los cabildos son unas instituciones en nada equiparables a las diputaciones, pese a tener un ámbito administrativo similar. Los cabildos han demostrado su utilidad al gestionar de forma individualizada, pero atendiendo a las leyes generales, las principales áreas de cada isla y entendiendo las peculiaridades de un Archipiélago tan diferente. Canarias necesita una revisión de su administración pública y puede que lo que más sobre sean representaciones nacionales que duplican las canarias. Nuestros cabildos, intocables, y lo demás con consenso, y siempre con la voluntad de que el beneficio de la medida recaiga, como no puede ser de otra manera, en el ciudadano. Así sí vale.